Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), la Gerencia de Prestaciones Económicas, liderada por Vanessa Cubas, presentó un plan integral de reformas administrativas.

La propuesta presentada esta mañana, busca formalizar el procedimiento para recuperar pagos indebidos de jubilaciones, pensiones y subsidios, garantizando la protección del patrimonio institucional. Cubas afirmó que la institución gestiona más de 90.500 pensiones y procesa cerca de 560.000 certificados de reposo anuales, con un presupuesto que supera los US$ 700 millones.

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Durante su informe ante Isaías Fretes, presidente del IPS y los consejeros, la gerente de Prestaciones Económicas subrayó un cambio fundamental en la estrategia. Aclaró que si bien hasta agosto de 2023 se trabajó de manera exhaustiva en la recuperación de haberes pagados erróneamente, desde esa fecha, el enfoque se trasladó hacia la prevención.

“Cambiamos el enfoque en la gestión administrativa: ya no concentrarnos en recuperar, sino en pagar bien”, explicó la gerente. Afirmó que para materializar esto, se han impulsado convenios con el Registro Civil, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), buscando sanear el listado de beneficiarios mediante el intercambio de datos.

Procedimiento detallado de recuperación del IPS

La propuesta presentada ante el Consejo define pasos claros para actuar una vez que se tiene noticia de un fallecimiento o cambio de estado civil:

Bloqueo preventivo: Ante la sospecha de fallecimiento o cambio en el estatus civil, se procede al bloqueo automático del beneficio.Gestión bancaria: Una vez confirmado el cambio, el IPS solicita al banco la devolución de los fondos depositados que aún no hayan sido retirados por el beneficiario o apoderado.Acción sobre haberes pendientes: Si el dinero ya fue retirado, la institución espera el plazo de dos años —tiempo que tienen los herederos o derechohabientes para reclamar beneficios— para compensar saldos.Judicialización: Si no se presentan reclamantes, el caso pasa a la Dirección Jurídica para la emisión de un certificado de deuda y posterior demanda judicial.

“El objetivo no es recaudar, el objetivo es proteger el patrimonio institucional”, enfatizó Cubas. La gerente fue clara al señalar que el IPS debe analizar cada caso bajo un criterio legal, pues no todas las deudas son siempre exigibles judicialmente debido a las causales de extinción de obligaciones.

La importancia vital del plan de control de jubilaciones

La presentación de este informe y el nuevo plan de recuperación representan una necesidad estratégica y legal para la supervivencia y transparencia del IPS, aseguraron las autoridades del seguro social. La importancia de esta propuesta se puede desglosar en tres pilares fundamentales:

Protección del patrimonio institucional: En palabras de la gerente Cubas, “el objetivo no es recaudar, el objetivo es proteger el patrimonio institucional”. Cada pago indebido —ya sea por el fallecimiento de un beneficiario no reportado a tiempo o por cambios de estado civil no comunicados— constituye una fuga de dinero que pertenece a todos los asegurados. Al estandarizar el proceso, el IPS busca reducir al mínimo la brecha entre el pago realizado y el derecho efectivo, blindando los fondos de jubilación contra el drenaje financiero.Cumplimiento ante los Organismos de Control: Este plan cobra una relevancia inmediata ante las actuales auditorías de la Contraloría General de la República (CGR). La gerente reveló que, de las más de 30 consultas recibidas recientemente por el ente auditor, entre el 70% y el 75% guardan relación directa con los procedimientos de recupero. Aseguró que formalizar este reglamento es, por tanto, una medida de defensa institucional para evitar observaciones de la Contraloría, demostrando que la administración actual cuenta con procesos documentados, legales y sujetos a normas de control interno.Seguridad jurídica y eficiencia administrativa: Actualmente, el IPS opera con procedimientos que carecen de una aprobación reglamentaria definitiva. Esto genera un vacío legal que complica la judicialización de los cobros indebidos. Cubas afirmó que al dotar de un marco normativo claro a las direcciones de Jubilaciones y de Riesgo Laboral, la institución gana capacidad operativa. El plan permite que, si un pago indebido ocurre, el Estado tenga un camino trazado —desde el bloqueo bancario preventivo hasta la acción legal— que sea previsible, ordenado y, sobre todo, defendible ante los tribunales, evitando así la pérdida definitiva de recursos por falta de gestión.

Cubas resumió su informe resaltando que la propuesta presentada define pasos claros: bloqueo automático ante sospechas, solicitud de reintegro bancario, compensación con derechos habientes y, finalmente, la judicialización mediante certificados de deuda. Ante la solicitud de los consejeros, se estableció un plazo de ocho días para completar el expediente con estas exigencias técnicas.