El extitular del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Brítez se abstuvo de declarar este viernes ante la Fiscalía y mantendrá esa postura hasta contar con los informes solicitados durante la investigación del caso que involucra a exautoridades y funcionarios de la previsional, según informó su representante legal, José Fernández Zacur.

Fernández Zacur explicó que solicitó que se informe si alguna de las adendas firmadas por Brítez implicó modificaciones de carácter patrimonial y cuál fue el alcance de los pagos vinculados al contrato investigado.

Además, refirió que requirió informe respecto a si la firma de las adendas fue coaccionada por parte de su cliente.

Lea más: Mafia en IPS: Fiscalía pide informes clave mientras avanza el proceso contra Bataglia y Brítez

Defensa de Brítez aguarda informes del Ministerio Público

Según sostuvo, estos elementos son necesarios para establecer con precisión cuál fue la participación de su cliente dentro del esquema que investiga la Fiscalía.

El abogado señaló que Brítez, quien es médico de profesión, recurría a las distintas reparticiones técnicas de la institución para la toma de decisiones administrativas.

“Si no cumplió órdenes, pudo haber recibido los pareceres favorables”, manifestó al ser consultado sobre si Brítez habría actuado siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo, particularmente del asesor de Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan José Galeano.

¿Por qué hubo una ruptura entre Brítez y Santiago Peña?

Consultado sobre los motivos de la ruptura entre Jorge Brítez y el Poder Ejecutivo, encabezado por Santiago Peña, Fernández Zacur evitó brindar detalles y alegó que se trata de información protegida por el secreto profesional.

No obstante, manifestó que conversará con su defendido para que este evalúe si desea hacer pública su versión sobre lo ocurrido.

El abogado rechazó que Brítez pueda ser utilizado para cargar con responsabilidades que correspondan a otras personas.

“Mientras Brítez me conserve como su abogado, no voy a permitir que él sea fusible de nadie. No digo en afirmativo, lo digo en negativo”, expresó.

Cuestionan que Andrés Gubetich no esté procesado

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa apunta al hecho de que el contrato que actualmente es objeto de investigación fue firmado durante la administración del expresidente del IPS Andrés Gubetich.

Fernández Zacur sostuvo que resulta llamativo que funcionarios relacionados con el desarrollo del contrato estén procesados mientras quien estaba al frente de la institución cuando se generó el acuerdo no haya sido incluido en el proceso penal.

“El fiscal tendrá sus razones, pero llama la atención que estén procesados funcionarios que tienen que ver con el curso del contrato y no con la generación del mismo”, cuestionó.

En esa línea, sostuvo que Gubetich también debería ser investigado por su responsabilidad en el origen del contrato. “Si uno va sobre los accesorios, debió haber ido sobre el principal”, afirmó.

“Las adendas no ampliaron los montos”, sostiene la defensa

El abogado también defendió la actuación de Brítez respecto de las adendas cuestionadas por el Ministerio Público.

Según explicó, los documentos suscritos por su cliente no ampliaron los montos del contrato ni generaron una nueva necesidad para la ejecución del proyecto.

La defensa cuestiona, además, que si la suscripción de esas adendas constituye uno de los fundamentos de la imputación contra Brítez, también debería analizarse la situación de los miembros del Consejo del IPS que participaron en su aprobación.

Sin embargo, el fiscal Julio Ortiz, interviniente en la causa, descartó la imputación de los consejeros del IPS que tuvieron intervención en la aprobación del contrato y las adendas.

Investigación por millonario perjuicio al IPS

La causa penal involucra a los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros funcionarios, quienes fueron imputados por el Ministerio Público por el supuesto delito de lesión de confianza.

La Fiscalía sostiene que los procesados habrían causado un perjuicio patrimonial superior a G. 60.000 millones a la previsional en relación con un proyecto para la construcción de un quirófano modular en el Hospital Central del IPS.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el proyecto fue aprobado y posteriormente adendado durante las administraciones de Bataglia y Brítez, pese a que existían problemas estructurales en el edificio que impedían concretar la obra.

Lea más: Segunda causa penal contra Jorge Brítez, por mantenimiento de ascensores en IPS

Brítez, además, está siendo investigado en una causa paralela respecto a una licitación de G. 3.500 millones para el mantenimiento de ascensores del Hospital Central de IPS, en la que se habrían utilizados documentos no auténticos.