Esta semana, el Ministerio Público imputó y solicitó prisión preventiva para los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Battaglia y Jorge Brítez en el marco de una investigación de un supuesto hecho punible de lesión de confianza por el fracaso de obras de construcción de salas de quirófano en el Hospital Central de la previsional, que -según la acusación- causaron al IPS un perjuicio patrimonial de 61.000 millones de guaraníes.

También fueron imputadas varias personas que tuvieron cargos de gerentes y directores en el IPS durante ambas administraciones, quienes son acusadas de haber autorizado irregularmente adendas al contrato con la empresa de construcción adjudicada, Neighpart S.A., otorgando plazos y actas de recepción para que esa firma cobre por la ejecución de obras que, en realidad, no podían realizarse.

La obra contemplaba la construcción de salas de quirófano en el séptimo piso del hospital, pero una pericia estructural de la edificación, posterior a la adjudicación, reveló que la estructura no soportaría el peso de los equipos que iban a ser instalados.

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Eventualmente, se resolvió trasladar la construcción de las salas de quirófano a la planta baja, para lo cual se realizaron adendas adicionales al contrato, con nuevos cronogramas de ejecución y planes de pago a favor de Neighpart.

Pereira deslinda responsabilidades

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Carlos Pereira, quien fue miembro del Consejo de Administración del IPS durante la administración de Jorge Brítez y es asesor ‘ad honorem’ del actual titular de la previsional, Isaías Fretes, negó tener responsabilidad en las supuestas irregularidades relacionadas al contrato.

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Pereira señaló que la administración de Brítez fue la que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público sobre el caso y dijo que él solicitó un sumario para determinar el “circuito operativo” del contrato y “cómo se manejó y estructuró”, pedido que fue archivado por el Consejo de Administración.

“Al mismo tiempo, pedí auditoría forense, orientada a recopilar pruebas con validez legal y financiera que puedan formar parte de la investigación penal”, agregó.

Seguir con el contrato era lo más “saludable”

El exconsejero enfatizó que las adendas al contrato que él firmó “no correspondieron a ninguna ampliación, modificación de montos o pagos”.

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Añadió que, luego del informe que revelaba el problema estructural con el proyecto de construcción, se determinó que lo más “saludable” sería darle continuidad a la obra como se procedió, trasladándola a la planta baja del edificio, ya que una rescisión del contrato podría traer penalidades y demandas a la previsional.

“La obra se adjudicó y ya se había pagado; la recomendación técnica era hacer lo que me tocó hacer”, subrayó.