La sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), celebrada bajo la presidencia del doctor Isaías Fretes, se convirtió esta mañana en escenario de crudo debate institucional. En la reunión se expuso la extrema vulnerabilidad financiera del ente, acorralada entre la obligación legal de acatar fallos judiciales, la escasez crónica de recursos presupuestarios y la necesidad ineludible de poner freno a procedimientos médicos sumamente costosos y desregulados.

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El debate giró en torno al informe de la Dirección Operativa de Contrataciones, dependiente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, el cual analizó la situación actual de las contrataciones por vía de excepción ante urgencias impostergables originadas por amparos judiciales. El quid del conflicto radica en que dichos procedimientos carecen por completo de disponibilidad presupuestaria.

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La propuesta inicial planteaba es instruir a la Gerencia Administrativa y Financiera para arbitrar todos los trámites necesarios tendientes a obtener la disponibilidad presupuestaria requerida. Sin embargo, esta salida generó una fuerte resistencia técnica y jurídica dentro del Consejo.

El consejero José Jara Rojas, representante de Jubilados y Pensionados, fue tajante al señalar que no corresponde emitir una resolución de carácter imperativo para ordenar la emisión de Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) inexistentes, recordando que el Consejo debe limitarse estrictamente a instruir su emisión dentro de las posibilidades reales de los rubros afectados. En la misma línea, argumentó que son la Gerencia de Abastecimiento y Logística, en coordinación con la Gerencia de Salud, las llamadas a determinar las prioridades y establecer qué suministros médicos pueden esperar para redirigir fondos hacia las apremiantes órdenes judiciales.

¿Desvestir a un santo para vestir a otro?

La discusión escaló rápidamente hacia tonos sumamente crudos y realistas cuando los miembros del Consejo expusieron el dilema moral y legal al que se enfrentan cotidianamente.

“¿Cómo nosotros podemos definir qué rubro vamos a dejar de utilizar para cumplir con el amparo? O sea, ¿qué persona vamos a dejar que se muera para poder evitar que se muera la otra persona?”, preguntó con crudeza el consejero José Emilio Argaña, representante de los Empleadores, evidenciando que desviar fondos disponibles presupuestariamente significa, en la práctica, dejar sin cobertura a pacientes críticos que ya dependen de los escasos insumos existentes.

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“Estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro (...) Esto se degeneró”, exclamó con preocupación Fretes, exigiendo una postura firme a la Asesoría Jurídica sobre las implicancias penales y administrativas que recaen sobre los consejeros ante este escenario de asfixia financiera.

Por su parte, Pablo Morínigo, director jurídico del IPS aclaró que el incumplimiento de una orden judicial constituye una violación directa de la ley, por lo que la previsional se ve obligada a acatarlas. No obstante, se destacó que la institución ha comenzado a implementar una estrategia procesal distinta en la contestación de los amparos: emplazar y traer a la discusión al Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Morínigo indicó que desde la perspectiva jurídica, el juez busca quién está en mejores condiciones de proveer la prestación médica para salvaguardar la vida o la salud, recayendo frecuentemente sobre el IPS debido a su infraestructura, aun cuando el paciente no sea un aportante directo con derecho legítimo, sino un beneficiario o un ciudadano externo que recurre a la vía judicial. “El Ministerio de Salud es, por constitución, quien debe atender ese amparo”, aseguró el abogado.

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Ante esto, el Consejo remarcó la necesidad de hacer valer la deuda histórica que el Estado mantiene con la previsional y utilizar la figura de la compensación financiera para no seguir absorbiendo en solitario una carga que constitucionalmente le compete al Estado.

La única salida estructural: La creación de un Fondo de Enfermedades Catastróficas

La sumatoria de las presiones judiciales por amparos imposibles de financiar y el tsunami económico que representan los tratamientos y dispositivos de altísima complejidad llevó al Consejo a una conclusión: el modelo actual del IPS ha tocado un límite insostenible.

Durante el debate, se enfatizó que ningún seguro médico del mundo —ya sea público, privado o mixto— tiene la capacidad financiera de absorber por sí solo patologías catastróficas o tratamientos que, en algunos casos extremos mencionados en la sesión, pueden alcanzar cifras exorbitantes de hasta US$ 5 millones por paciente. Se argumentó que cargar sobre los hombros de los aportantes del IPS el costo total de estas enfermedades de baja incidencia pero de costos siderales es inviable.

Bajo esta premisa, el Consejo adoptó la decisión política de elevar la discusión más allá y propuso la redacción oficial de un proyecto de ley para la creación del Fondo Especial de Enfermedades Catastróficas. Esta iniciativa, orientada a ser presentada formalmente ante el Parlamento Nacional, busca crear un fondo solidario interinstitucional donde el Estado, a través de recursos extraordinarios y extrapresupuestarios, asuma la responsabilidad de financiar aquellas patologías que superan la capacidad contributiva de cualquier caja de seguridad social. La elaboración del proyecto fue delegada de manera conjunta al consejero Jimmy Jiménez, representante del Ministerio de Salud, la Gerencia de Salud, la Dirección Jurídica.