IPS denuncia ante el Ministerio Público irregularidades sobre manejo de fideicomisos
El titular del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Brítez a través de su Dirección Jurídica pr...
El titular del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Brítez a través de su Dirección Jurídica presentó informes ante el Ministerio Publico sobre administración de fideicomiso a fin de que sea analizada la causa penal.
El Ministerio Público debe revisar y analizar estos informes de la consultoría externa contratada por la institución sobre la administración del fideicomiso.
Estos informes abarcan por un lado la composición sobre la constitución de saldos iniciales y modificaciones presupuestarias: emitido sobre saldos iniciales de caja, ampliaciones, reprogramaciones presupuestarias y modificaciones de estructuras presupuestarias, con fundamentos técnicos y legales, correspondientes a los ejercicios 2022/2023, según el detalle.
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También abarca los informes de consultoría sobre condiciones de bonos y ejecución del fideicomiso de titularización de Fondos de Salud: analiza las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y la correcta ejecución de los fondos del fideicomiso de administración y pago de “Fondos de Salud”.
También se presentó al Ministerio Público los informes técnico contable y recomendaciones de Gestión, donde se detalla resultados del análisis técnico contable de cuentas activas y pasivas, así como recomendaciones de gestiones a encarar.
Inconsistencias y descalce financiero en IPSEntre los aspectos denunciados en uno de los informes resaltan inconsistencias en la utilización de saldos de caja para financiamiento de ampliaciones tramitadas y aprobadas por organismos pertinentes en 2022 y 2023.
IPS puede implementar fideicomiso, pero insiste en remate de inmuebles
En relación al Fideicomiso, se evidencia un descalce financiero debido a la ejecución de obras no previstas en el contrato inicial y el incumplimiento de cláusulas contractuales respecto al destino de las colocaciones según los fines establecidos. Se menciona la firma de certificados de obras por personas no autorizadas y la omisión de informar eventos que podrían poner en peligro la emisión de flujos futuros.
