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Investigación de frustrada fuga de cárcel de PJC quedó en el opareí

El hallazgo del túnel en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero se dio el 12 de agosto del 2020 y frustr...

El hallazgo del túnel en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero se dio el 12 de agosto del 2020 y frustró el escape de internos vinculados a la organización criminal brasileña Primer Comando da Capital (PCC). En enero de ese mismo año, 76 reclusos se fugaron del mismo centro penitenciario, en similares circunstancias.

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En el ámbito administrativo, se dispuso la apertura de un sumario a los guardiacárceles Nicolás Acosta Fleitas, Rafael Galeano Peralta, Virgilio Sanabria (con antecedentes de suspensión en 2005) y Fabio Aníbal Recalde Ortiz, todos funcionarios permanentes que fueron posteriormente destituidos por faltas graves previstas en la Ley N° 1626/00 De la Función Pública.

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A la par del sumario administrativo, la descubierta motivó también la apertura de una investigación fiscal, que quedó a cargo de la fiscala Camila Rojas, quien incluso se constituyó en la cárcel regional para inspeccionar el boquete.

En declaraciones a Abc Cardinal, a ex ministra de Justicia Cecilia Pérez reveló que la citada agente fiscal jamás pidió informe alguno sobre el hecho investigado y cuando indagó la marcha de la investigación para poder cerrar el sumario a los agentes penitenciarios, Rojas dijo que envió al fiscal adjunto del Amambay César González y este, dijo a su vez que remitió a la Unidad Especializada en Crimen Organizado, que no registra dicha causa.

González aparece en uno de los chats con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien le prometió apoyo y envió G. 15 millones para su campaña en la Asociación de Fiscales del Paraguay.

La exministra lamentó que el caso haya quedado en la nada, considerando que se trata de una situación “delicada” para los funcionarios que informaron sobre el hecho y los antecedentes de sicariato en la frontera.

“Hacer todas estas cosas tuvo consecuencias nefastas para los que estuvieron involucrados. Hablo del asesinato de Bazán y Riquelme. Ahora, al ver esto, pensé que me sentía decepcionada, pero hoy me siento impotente. La gente me dice que no hable, pero cómo no me voy a molestar si la gente que trabajó conmigo terminó muerta. Te da impotencia, porque el trabajo que inició ese equipo quedó en el oparei”, expresó.

El túnel fue descubierto durante la administración de Domingo Antonio Bazán, quien fue asesinado a tiros cuando se dirigía a la cárcel de Concepción, el 23 de noviembre de 2023. El atentado se produjo en la ruta 5, cuando dos sicarios atacaron al exdirector de Institutos Penales cuando este se encontraba al mando de su vehículo, a poco kilómetros de la ciudad de Concepción. Bazán recibió nueve impactos de bala.

En otro de los chats filtrados, “Lalo” Gomes había dicho “le vamos a romper”, haciendo alusión a Bazán.

La destitución de los funcionarios fue recomendada por el director jurídico Ever Morínigo, a través del dictamen N° 422/21, del 13 de julio del 2021, en el cual el citado profesional hace un exhaustivo análisis de la situación planteada y concluye con una recomendación de destitución por falta grave y prohibición de ejercer funciones públicas.

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Pabellones y celdas quedaban 23 horas sin control

Durante el sumario administrativo que llevó adelante el Ministerio del Trabajo, se comprobó que los citados funcionarios no ingresaban a todas las celdas y solo hacían un “recorrido parcial” de los pabellones, una hora al día, sin siquiera revisar las celdas, quedando las mismas 23 horas sin control alguno.

“Se demuestra a través de las instrumentales agregadas en autos, así también se ha probado plenamente la existencia de los hechos denunciados el incumplimiento de las obligaciones o transgresión de las prohibiciones establecidas en la presente ley y faltar a su vez a las disposiciones de seguridad siendo los responsables absolutos desde el momento que toman sus turnos de guardia conforme se establece en el Manuel de Funciones y de Procedimientos de la Dirección General de establecimientos”, explicó Morínigo.

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El profesional destacó además, que en enero del 2020 se produjo una fuga masiva de la misma penitenciaría de PJC en condiciones similares a las detectadas en el mes de agosto, oportunidad en que ganaron la calle 76 reclusos, la mayoría vinculado al PCC,. En atención al referido antecedente, los funcionarios estaban obligados a reforzar los controles y cumplir de manera minuciosa la inspección a las celdas, para evitar la repetición de hechos similares.

Para el efecto, el director jurídico recomendó apartarse de la decisión como mínimo llamativa del juez instructor Miguel Angel Mencia Resquín, quien pese a todas las irregularidades mencionadas resolvió sobreseer definitivamente a los funcionarios mencionados, a través de la resolución N° 1 dictada el 9 de julio de 2021. Mencia argumentar que no pudo comprobar la responsabilidad de los sumariados en el hecho investigado, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones.

Finalmente, por Decreto N° 5.741 del 23 de julio de 2021, los cuatro funcionarios penitenciarios fueron sancionados con la destitución por falta grave y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dos años.

Túnel, en la celda de interno vinculado al PCC

El túnel fue descubierto en la celda N° 14, ocupada por Pascual Osvaldo Chávez, interno vinculado al PCC y considerado de alta peligrosidad. Chávez está sindicado como sospechoso del atentado sufrido por el agente penitenciario José Pana Rivarola, quien fue baleado en su domicilio de Pedro Juan Caballero el 10 de julio de 2021.

Esta sospecha tiene su origen en un allanamiento realizado con relación al caso en el pabellón A, planta alta de la citada penitenciaría, donde se encontraban recluidos William Gustavo Benítez Romero (supuesto autor intelectual del atentado), Rivaldo Ortega Amarilla y Pascual Chávez, de donde se incautaron varias evidencias que quedaron a cargo del fiscal Pablo Zorrilla y el jefe del departamento de Investigación de Amambay.

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Por otro lado, los funcionarios destituidos recurrieron ante el Tribunal de Cuentas contra su destitución. Los recurrentes pretendían la nulidad del decreto N° 5741, dictado por el entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez, restitución de salarios caídos y una indemnización de G. 100 millones por supuestos daños y perjuicios.

La pretención de los custodios fue rechazada por el Tribunal de Cuentas, primera sala, integrado por Rodrigo Escobar, Alejandro Martín Ávalos y Gonzalo Sosa Nicoli, a través del Acuerdo y Sentencia N° 433, del 30 de diciembre de 2022.

Fuente: https://www.abc.com.py/nacionales/2025/03/30/investigacion-de-frustrada-fuga-de-carcel-de-pjc-en-el-oparei/

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