Pese a ser el punto más relevante de los 12 puntos del orden del día, tras a enfriarse por una semana y estar parcialmente opacado por la huelga nacional de médicos, el pedido de interpelación contra la ministra de Obras Púbicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión figura en el punto 7 de la sesión ordinaria del martes 1 a las 9:00. Aunque, en el caso de tratarse, tiene todas las chances de ser rechazado por la mayoría cartista.

Pese a la trágica muerte de seis personas en un accidente vial en Pedrozo (Ypacaraí), que fueron arrolladas por un camión que perdió los frenos mientras aguardaban la luz verde en un semáforo criminalmente ubicado en la base de una pronunciada pendiente, el pedido de interpelación iría al oparei gracias a la mayoría cartista.

A la ministra Centurión se le indilga la responsabilidad institucional por la permanencia del semáforo (que tras la tragedia se retiró) y también por el retraso en las obras de un paso a desnivel, pero tras comparecer ante la mesa directiva del Senado, Centurión tiene altas chances de ser salvada, pese a que hace solo un par de semanas, estuvo en una refriega con la Cámara Baja.

Centurión había sido blanco del enojo de las bancadas cartistas por haberlas “ninguneado” inicialmente durante el debate de un préstamo de US$ 75 millones para la construcción de caminos rurales, del cual pretendió embanderarse el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

De concretarse el blindaje a Centurión, será la duodécima vez que los cartistas en este gobierno rechazan una interpelación contra un miembro de este gobierno, no dejando que prospere ni una sola.

Por otra parte, otro punto siempre controvertido es el proyecto de ley del diputado cartista Yamil Esgaib, que pretende restituir como oficiales los símbolos patrios utilizados durante la dictadura de Alfredo Stroessner (ANR).

Este, sin embargo, se ubicó en el último punto (Nº 12), por lo que posiblemente de vuelta no sea tratado, ya que frecuentemente se viene utilizando como estrategia de la oposición para no tratarlo, el dejar sin quorum.

También, se espera dar punto final al tratamiento del proyecto de ley aprobado en general, y que falta definirse en particular, para aumentar a 15 años de prisión a aquellos guardiacárceles o autoridades que ayuden a un preso a fugarse de alguna pena.