Se suspendió ayer, una vez más, la audiencia preliminar de Patricia Corvalán, intendenta cartista de Quyquyhó (Paraguarí), y otros 12 acusados por un desvío de G. 1.100 millones de la comuna.

En esta ocasión, para evitar la audiencia, la defensa de los acusados Carlos Aurelio Bareiro Bogarín y Ruth Mercedes Medina, plantearon un incidente de incompetencia material contra el juez Humberto Otazú, alegando que la causa debe ser tramitada en Paraguarí, donde ocurrieron los hechos investigados.

Antes, para evitar la audiencia, los acusados Enrique Javier Lovera (ex auxiliar administrativo) y Guido Ramón Vargas (exsecretario municipal) habían recurrido a similar chicana para postergar la realización de la preliminar. Ambos ya cuentan con arresto domiciliario, a pedido del Ministerio Público, debido a que se comprobaron sus reiteradas conductas procesales obstructivas en esta causa.

También la intendenta Patricia Corvalán y Blanca Álvarez, madre del imputado diputado Esteban Samaniego (ANR, HC), plantearon múltiples chicanas para evitar su audiencia y, de esta manera, los acusados se turnan para dilatar el proceso judicial. Incluso se solicitó que la intendenta no se acerque a la sede municipal.

El diciembre del 2024, el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta presentó acusación contra la madre y la esposa del diputado Samaniego por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.

La causa es por supuesto desvío de fondos por G. 1.100 millones perpetrados cuando Samaniego se desempeñaba como intendente de Quyquyhó.

Fueron acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero: la intendenta Corvalán, Manuel Olazar, Andrés Alfredo Arrúa Brítez y Blanca Álvarez viuda de Samaniego.

Por su parte, fueron acusados por administración en provecho propio y asociación criminal: Enrique Javier Lovera Lezcano, Guido Ramón Vargas Gaete, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Ruth Mercedes Medina Yegros, Líder Catalino Ramírez Ramírez y Pedro Osvaldo Ettiene Villanueva.

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Por asociación criminal fueron acusados: Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, mientras que por administración en provecho propio fueron acusados: Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.

Mientras tanto, el proceso está paralizado para Esteban Samaniego, pues sus colegas siguen sin dar tratamiento a los cuatro pedidos de desafuero y dos urgimientos que están desde el 2019 en la Cámara Baja.