La palada inicial se realizó en la propia penitenciaría, con la presencia del gobernador de Guairá, César Luis Sosa, y del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Ambos destacaron el proyecto como un avance en materia penitenciaria.

La obra está a cargo del Consorcio Itaty, adjudicada por un presupuesto de G. 488.386.982, y deberá estar concluida en un plazo de cinco meses. La obra contempla espacios más amplios, servicios básicos adecuados y mejores condiciones de seguridad.

No obstante, las cifras oficiales revelan que el impacto de la construcción será mínimo. Mientras la penitenciaría fue diseñada para 250 personas, actualmente alberga cerca de 600. La sobrepoblación se multiplica en todos los pabellones, incluido el sector de mujeres, donde el número de internas actualmente supera el espacio ideal disponible.

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El gobernador Sosa aseguró que se trata de un hecho “histórico” para el departamento, ya que no se invertía en infraestructura para un pabellón de mujeres hace al menos diez años. Sin embargo, las estadísticas reflejan que el impacto será marginal frente al número total de internos.

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El hacinamiento en Villarrica ya generó problemas de convivencia y condiciones insalubres en el pasado. En agosto de 2024, los reclusos de la penitenciaría amenazaron con iniciar una huelga de hambre debido a la falta de atención médica ante un brote de tuberculosis. Un año después, en agosto de 2025, las visitas debieron suspenderse temporalmente tras la detección de un caso de meningitis dentro del penal.