Meses atrás, la Junta Municipal de Luque decidió de forma unánime, encomendar al intendente, Carlos Echeverría (ANR-cartista), la suspensión inmediata de la construcción de la planta hormigonera Preforte en la zona residencia de la compañía Zárate Isla de esa ciudad.

Señalaron que la instalación de esta industria no solo afecta “la calidad de vida de los habitantes de la zona, sino que también pueden tener repercusiones negativas en la salud pública y en el bienestar general de la comunidad”.

Durante la reciente sesión ordinaria, la Cámara de Diputados concedió aprobación a un proyecto de resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible - Mades, en relación a la suspensión de licencia ambiental a la empresa Preforte Py”.

El texto fue promovido por el diputado Pedro Gómez (PLRA-Central) y la solicitud tiene como finalidad acceder a información clara, documentada y técnicamente fundamentada acerca de los criterios utilizados por el Mades para proceder a la suspensión de la licencia ambiental de la empresa Preforte Py.

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El Gerente General de Preforte, Julio César Suárez Cuellar, señaló que valoran este pedido de informe, pues apunta a lo que vienen solicitando hace bastante tiempo: un proceso transparente, basado en fundamentos técnicos y con pleno respeto al debido proceso.

“Para una inversión como la nuestra, es clave que todas las instituciones cuenten con información completa y documentada sobre lo ocurrido. Preforte ha invertido más de USD 7,5 millones en Paraguay y su operación genera alrededor de 700 empleos directos e indirectos, con un impacto sobre más de 2.500 personas entre trabajadores, familias y proveedores”, comentó el Gerente General de la empresa”.

La suspensión repentina dejó toda esa cadena productiva en pausa, con consecuencias reales para cientos de familias y para la industria de la construcción.

En otro momento, recordó: “La empresa cumplió con todas las normativas urbanísticas y ambientales, obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental y presentó descargos técnicos certificados que demuestran que la operación se realizó dentro de los límites autorizados y sin generar afectaciones ambientales".

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Y añadió: “Por eso consideramos que este pedido de informe es una oportunidad para esclarecer las razones de una medida extraordinariamente acelerada, que no valoró integralmente la evidencia presentada”.

“Confiamos en que este proceso contribuirá a ordenar la evaluación, clarificar los criterios utilizados y garantizar una decisión final basada en datos reales, rigor técnico y seguridad jurídica. Nuestra disposición es seguir colaborando plenamente para que la verdad técnica se conozca”.