El informe 'Restricción de derechos y violencia estructural contra personas LGBTIQ+ en El Salvador (2023-2025)' indica que estas agresiones se dieron en un período que "se caracteriza por la prolongación ininterrumpida del régimen de excepción, la concentración del poder estatal y el debilitamiento progresivo del espacio público".

El Salvador se encuentra bajo un polémico régimen de excepción desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, que suspende garantías constitucionales a toda la población y es señalado de violentar derechos.

"Los datos presentados en este informe evidencian una escalada sostenida a lo largo del tiempo, con 2024 como punto de quiebre", indica el documento.

Detalla que los hechos de discriminación llegaron a 454 casos acumulados, le siguen las amenazas con 154 registros y el acoso con 102, mientras que "el 30 % de los hechos involucra a agentes estatales, particularmente cuerpos de seguridad".

Las agresiones físicas llegaron a 66 casos, la violencia intrafamiliar a 64, le sigue la detención ilegal con 21 registros, la extorsión con 19, el desplazamiento interno con 16, la mala praxis con 1 y el secuestro también con 1.

En el documento se alerta que únicamente 58 casos derivaron en una denuncia formal y que "la respuesta institucional es prácticamente inexistente, nula en 2025".

Loidy Guardado, investigadora del informe, sostuvo durante la presentación del documento que el 93 % de los casos se quedaron sin denuncia formal, situación relacionada con "la falta de respuestas efectivas, el temor a represalias y la percepción de impunidad".

Señaló la existencia de "una brecha entre la violencia documentada y el uso efectivo de los mecanismos de protección de justicia, pero no necesariamente porque no existan, sino por la percepción que tiene la población de la impunidad, derivado del 0 % de resultados en las instituciones".

Entre tanto, Mónica Linares, directora de ASPIDH, señaló que con estos datos se puede "palpar de primera mano la realidad de nuestras poblaciones, que contrasta demasiado con los datos que puedan existir de parte del Estado, porque no existen datos".

Durante años, las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de leyes para tratar de reducir los niveles de discriminación que denuncian, adecuar sus nombres a su identidad de género y superar la impunidad en los asesinatos de odio.

De acuerdo con cifras de las organizaciones, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. Además, los registros indican que entre 2018 y septiembre de 2019 se reportaron 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGBTI.

Según los registros de las organizaciones sociales, entre las tres primeras ciudades de El Salvador, que son San Miguel, Santa Ana y la capital, existen aproximadamente 6.000 miembros de este segmento de la población.