Luego de que la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señalara en su informe final sobre las elecciones municipales que 187.572 jóvenes de entre 18 y 30 años no fueron asignados a un local de votación por figurar como “inubicables”, el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, abordó las causas del problema y la hoja de ruta para su corrección.

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Rossel sostuvo que el informe de la OEA resultó “bastante positivo” en el balance global y aclaró que la imposibilidad de incluir a este contingente de jóvenes en la lista definitiva radica en la certeza de la información domiciliaria suministrada por la Policía Nacional.

“Identificaciones pone por ejemplo Trinidad. ¿Trinidad dónde? ¿Calle, ciudad, distrito? Y queda eso en el libro. El ciudadano debe actualizarlo. Nosotros nos basamos exclusivamente, como dice la ley y la norma, en lo que nos pasa hoy el Departamento de Identificaciones y, para quitar a alguien del padrón, en lo que nos pasa el Registro Civil”, explicó el magistrado electoral.

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El vicepresidente del TSJE desestimó que la situación requiera contrataciones excepcionales o esquemas prebendarios, asegurando que la solución pasa por una integración tecnológica directa entre los registros estatales.

A la vez, informó sobre las gestiones con las autoridades del Ministerio del Interior para automatizar el traspaso de datos. “Necesitamos nosotros como Justicia Electoral acceder con mayor rapidez a estos datos de Identificaciones y vamos a enfocarnos en eso para que en la elección general podamos tener un mayor éxito sobre este punto específico”, afirmó Rossel.

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“Nosotros sí venimos identificando esto y mandando notas a Identificaciones. Como órgano de cumplimiento estamos sometidos a lo que se nos dice, pero no voy a poner ninguna excusa y voy a tener una solución a más tardar en un mes”, prometió.

Rossel recordó además que la institución impulsó un conjunto de proyectos de reforma al Código Electoral que no prosperaron en el Congreso, entre los que figuraban requisitos sobre cédulas de identidad y ajustes operativos. Indicó que, tras los comicios, varios legisladores reabrieron las conversaciones sobre posibles modificaciones legislativas.

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Además, el informe de la OEA reiteró su preocupación por la publicación de sondeos a boca de urna mientras los locales de votación continuaban abiertos, calificándola como una práctica recurrente en el país. El organismo internacional exigió a las autoridades hacer cumplir la legislación electoral que prohíbe expresamente divulgar encuestas y resultados fuera de los plazos legales establecidos

En ese sentido, el vicepresidente del TSJE definió la discusión como un asunto estrictamente político. Recordó que iniciativas legislativas previas quedaron estancadas cuando se pretendió atribuir al TSJE la función de clasificar a las encuestadoras o determinar sus márgenes de confianza.

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“Fue ahí cuando murió. Cuando quisieron clasificar a las encuestadoras, cuál estaba más calificada o cuál iba a poner números después. Ahí fue que esto cayó, por el nivel de confianza. Así que hay que sentarnos a hablar ahora sobre este tema”, finalizó la autoridad de la Justicia Electoral.