La audiencia fue convocada por la Defensoría del Pueblo y se celebró entre el 9 y el 10 de julio en la comunidad de Daipade, en el municipio de Arajuno, dentro de una investigación defensorial iniciada tras una denuncia presentada por la Organización Waorani de Pastaza (OWAP) contra el Ministerio de Ambiente y Energía.

Según la organización indígena, la investigación se centra en la inclusión del Bloque 22 dentro del portafolio estatal de inversiones petroleras y en los bloques subandinos, pese al denominado Mandato Pikenani de 2018, ratificado en 2023 y 2025, mediante el que las comunidades rechazaron las actividades extractivas en su territorio.

Durante la audiencia, una veintena de líderes, lideresas y miembros de las comunidades expusieron su oposición a cualquier proyecto petrolero en la zona.

No obstante, y según la organización, el Ministerio no estuvo presente. "Se debía contar con la participación del Ministerio del Ambiente y Energía. Sin embargo, el 8 de julio remitieron un oficio en horas de la tarde indicando y solicitando que se difiera esta audiencia", declaró Daniela Criollo, defensora de derechos humanos y técnica jurídica de la OWAP.

La defensa jurídica de la organización sostuvo que la sola inclusión del Bloque 22 en la planificación petrolera constituye una vulneración del derecho a la autonomía de la nacionalidad Waorani, al ignorar una decisión colectiva previamente adoptada.

El presidente de la OWAP, Oswando Nenquimo, afirmó que las comunidades ya decidieron rechazar el extractivismo en su territorio y pidió que el Estado respete esa decisión colectiva.

"Nosotros ya hemos tomado una decisión: NO al extractivismo. En 2018 levantamos la voz y ya decidimos, ahora estamos aquí para decir que al Waorani se lo respeta", señaló.