El documento apunta que la Amazonia es un territorio vivo fundamental para la biodiversidad y el equilibrio climático del planeta.

Sin embargo -anota el texto- enfrenta amenazas "cada vez más graves" por el avance del extractivismo mineral legal o ilegal, explotación petrolera, agroindustria, narcotráfico, expansión de carreteras y proyectos hidroeléctricos, deforestación, impactos del cambio climático y "sus falsas soluciones, acercando a la Amazonia a un punto de no retorno".

"Frente a esta realidad, declaramos a la Amazonia en estado de emergencia como medida de protección y prevención", manifiestan los indígenas.

La declaración requiere "garantizar nuestros derechos y fortalecer nuestros autogobiernos, economías propias, la defensa de los territorios, una transición justa basada en nuestros sistemas de conocimiento, además de garantizar la reparación y restauración integral de nuestros territorios cuando han sido dañados o afectados", indican.

"Nuestro territorio no es una mercadería, es un territorio de respeto, sagrado, donde tenemos nuestra educación, salud y soberanía", dijo Daniel Dagua, dirigente indígena Pueblo Andoa.

Los indígenas señalan que la libre determinación tiene también una dimensión transfronteriza, pues muchos pueblos fueron divididos por fronteras impuestas por los Estados, por lo que exigen la garantía al libre tránsito en las fronteras estatales.

El FOSPA acordó impulsar mecanismos de coordinación y protección transfronteriza, que incluya a las guardias indígenas y a otras formas propias de cuidado, monitoreo y defensa territorial.

En el documento, exigen a los Estados garantizar la titulación, delimitación y seguridad jurídica efectiva de sus territorios, prevenir invasiones y despojo de tierras, y suspender concesiones, actividades extractivas y otras amenazas.

"No vamos a permitir ni un paso para que el extractivismo o el Estado nos venga a doblegar", dijo Ene Namquimo Vicepresidente de la nacionalidad Huorani, al advertir que vigilarán que su mandato se cumpla.

En el mandato señalan que los Estados y empresas deben respetar el consentimiento previo, libre e informado y no usar los procesos de consulta como mecanismos de legitimación, división o manipulación para la implementación y avance de fronteras extractivas.

Estos pueblos originarios demandan que se garantice la seguridad jurídica integral de sus territorios, y el cumplimiento integral y efectivo de las sentencias y decisiones favorables a ellos, incluidas las del sistema interamericano y las nacionales.

Además, exigieron la protección plena de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial.

Estas comunidades indígenas rechazan la imposición de áreas protegidas sobre sus territorios, y la criminalización contra sus autoridades y comunicadores, defensores de sus derechos, de la naturaleza y todas las formas de vida, así como la militarización y represión en sus territorios.

El Foro reafirmó la necesidad de avanzar hacia una transición justa y construir alternativas económicas desde sus propios territorios, "superando modelos económicos basados en la destrucción y explotación de la Amazonia, declarando la región como una zona libre de explotación fósil y extractivismo".

Los declarantes piden mecanismos de financiación directos, que aseguren la participación efectiva de mujeres indígenas en el diseño e implementación.

Así mismo, consideran que los Estados deben proteger y fortalecer la educación propia y la transmisión intergeneracional de conocimientos, así como la protección frente a violaciones de la propiedad intelectual de los pueblos.

En el Foro acordaron crear un mecanismo panamazónico mediante la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para la protección de líderes, defensores territoriales indígenas y señalaron que la próxima edición será en Colombia.