En la mañana de este viernes, en la Cámara de Senadores se desarrolla una audiencia pública para debatir un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que contempla modificaciones sustanciales al Estatuto Agrario y a la Carta Orgánica del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

En la previa del encuentro, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, explicó el alcance institucional de la iniciativa y la relevancia de socializar el documento con todos los actores involucrados.

“Bueno, no es que queremos introducir nosotros. Es un proyecto del Ejecutivo que hace casi tres meses se recibió. Entonces, está en las diferentes comisiones y como también nos compete a nosotros los legisladores hacer audiencias públicas para que la gente conozca, los gremios conozcan, los campesinos conozcan, los propietarios de tierras o los que quieren ser propietarios, que hay muchos, entonces, conozcan este proyecto de ley”, expresó Núñez.

El legislador remarcó que el propósito central es acelerar los procesos legales en el campo. “Nosotros nos estamos involucrando para que en la realidad tenga un dictamen también. Y principalmente el mensaje es para que las familias campesinas tengan un acceso rápido a la tierra propia”, señaló.

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Por su parte, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, fundamentó técnicamente los principales cambios normativos necesarios para solucionar reclamos históricos de los pobladores rurales. Reveló que actualmente existe un importante cuello de botella burocrático que impide formalizar la propiedad a miles de familias.

“Nosotros tenemos hoy, por darle un ejemplo, ocho mil títulos para entregar, pero no lo podemos hacer porque hay un requisito en la ley que establece que el campesino debe pagar antes que se le entregue el título tres millones de guaraníes. Yo ya puedo tener todos los títulos, pero no lo puedo hacer porque justamente ese tres por ciento o la entrega anticipada del tres por ciento significa cuatro a cinco millones de guaraníes que el campesino debe tener de la noche a la mañana”, detalló Ruiz Díaz.

El titular de la institución enfatizó que el cambio propuesto modificará este requerimiento eliminando la exigencia previa.

“Lo que se va a hacer es entregarle al campesino el título, darle 12 meses de tiempo a que venga a pagar la primera cuota. Entonces, darle oportunidad que vaya a sacar un crédito, que pueda capitalizar su finca, mejorar su productividad y con el aumento de productividad, entonces salir de lo que nosotros le llamamos la trampa de la pobreza, porque al no tener un título de propiedad, el campesino permanece en una pobreza permanente por el hecho que no puede ir a acceder a un préstamo”, explicó.

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Un segundo aspecto central de la reforma es el incremento de los plazos de financiación para las tierras adquiridas en décadas recientes, cuyos precios por hectárea resultan inalcanzables en el esquema actual de 10 años.

“En el campo no existe esa plata. Entonces, nosotros tampoco podemos rebajarle el valor por hectárea de lo adquirido por el hecho de que incurriríamos en un daño patrimonial (…) Entonces, lo que podemos hacer es solucionar y darle, por ejemplo, en vez de darle a 10 años de plazo al campesino, le podemos disminuir significativamente el monto que tiene que pagar extendiéndole a 20 años de plazo para el caso de los varones y 30 años para las mujeres”, puntualizó el titular del Indert.

Ruiz Díaz indicó que el impacto de la norma beneficiará a familias de asentamientos de todo el país. “De todo el Paraguay. Ocho mil títulos tenemos en espera de esta ley. Sale esta ley, le podemos entregar a los campesinos ocho mil títulos porque no estaban pudiendo pagar. Esos ya fueron todos relevados, censados, todo completo”, manifestó.

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