El depósito intervenido estaba registrado con un suministro de baja tensión a nombre de Ramón Martínez, con NIS 3236093, medidor N°3871845 de la marca Clou, y estaba conectado a un transformador de 1.000 kVA, presumiblemente, ya que no tenía placa identificatoria al momento de la verificación.

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El operativo ejecutado mediante la autorización del juez Penal de Garantías Amílcar Marecos se realizó en respuesta a una denuncia penal presentada por la asesoría de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje.

Una vez confirmada la existencia de la “granja” ilegal de criptomonedas, el agente fiscal Alcides Giménez Zorrilla ordenó la incautación de un total de 476 procesadores, un transformador y 300 metros de línea de media tensión. Las evidencias fueron trasladadas por los funcionarios de la ANDE al depósito del Ministerio Público.

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Según el análisis realizado por los intervinientes, la conexión directa a la media tensión resultaba en una pérdida de aproximadamente G. 270 millones mensuales para el ente energético. Estos costos, además de los derivados de la intervención y la multa, deberán ser cubiertos por los responsables.