El Ministerio Público formuló el acta de imputación en la causa liderada por la agente fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Penal N° 11 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. La investigación formalizó cargos contra el expresidente de Petropar Eddie Ramón Jara Rojas por enriquecimiento ilícito, así como en contra de su expareja Karina Estefana Otazú Fleitas por lavado de activos.

El centro de la causa abarca la gestión de Jara al frente de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante sus dos periodos al frente de la institución. Según el análisis financiero de la Fiscalía, entre agosto de 2023 y marzo de 2026, Jara realizó depósitos y pagos en efectivo por un total de G. 5.547.396.611.

Al restar su capacidad real de ahorro y sobrante neto declarado ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que asciende a G. 147.945.999, subsiste una brecha sin justificación documental de G. 5.399.450.612, equivalente al 97,33% de los fondos utilizados en ese lapso.

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La imputación detalla una incompatibilidad directa entre los ingresos de Jara y sus egresos. Como titular de Petropar, percibía una remuneración mensual de G. 40.457.649, la cual subió a G. 44.956.148 en octubre de 2025. Sin embargo, de forma simultánea mantenía compromisos crediticios cuyas cuotas mensuales sumaban hasta G. 90.906.604.

El caso más extremo se registró en octubre de 2025, cuando sus gastos e inversiones alcanzaron los G. 570.680.982 en un solo mes, generando un déficit de más de G. 525 millones frente a su sueldo.

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Entre las principales inconsistencias patrimoniales detectadas por la investigación destacan:

Compra de inmuebles: En 2020 adquirió al contado una propiedad en San Bernardino por G. 317.250.000, pese a que su liquidez acumulable calculada a esa fecha era de apenas G. 41.426.997.Préstamos a terceros sin sustento: Declaró haber otorgado créditos privados por G. 700 millones a una tercera persona y por G. 2.800 millones a otra empresaria, sin que se pudiera acreditar el origen bancario o legal de ese dinero en efectivo.Pagos en efectivo: Canceló tarjetas de crédito, vehículos y cuotas de préstamos por miles de millones de guaraníes sin registros de débitos en sus cuentas bancarias.Transferencias sin contraprestación: Realizó 767 transferencias por un monto global de G. 1.336.020.526 a 131 personas externas, sin que la Fiscalía encontrara justificativos comerciales o entrega de bienes.El presunto esquema de lavado ligado a su expareja

Respecto a Karina Estefana Otazú Fleitas, la Fiscalía sostiene que participó activamente en la recepción, administración y aplicación de fondos de origen no justificado provenientes de las actividades de Jara. Aunque la pareja estaba bajo el régimen de separación de bienes, los rastreos financieros revelan que compartían cuentas bancarias y coordinaban transacciones de gran envergadura.

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Entre las operaciones atribuidas a Otazú destacan la firma de contratos comerciales por G. 500 millones con empresas privadas con nula o escasa evidencia de servicios prestados, fondos que fueron destinados de manera inmediata al pago de una membresía de un club por G. 600 millones.

Además, figuró como acreedora formal en un pagaré de G. 600 millones correspondiente a un préstamo otorgado por Jara a un tercero, e intervino en la compra de 100 cabezas de ganado por más de G. 433 millones.

Fiscalía pide medidas alternativas a la prisión

Ante la gravedad de los hechos, la fiscal Yeimy Adle solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión, incluyendo la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado.

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Asimismo, para resguardar eventuales decomisos, el Ministerio Público requirió medidas cautelares reales.

Solicitó la inmovilización de cuentas bancarias y cooperativas, además de la restricción y secuestro de vehículos.

La representación fiscal fijó un plazo de seis meses para concluir la etapa preparatoria de la investigación y presentar el requerimiento definitivo.