La fiscala Teresa Sosa Laconich imputó por presunta estafa y producción de documentos no auténticos a Sergio Pera (56) y a Herminia Fretes Vázquez (60). La investigadora pudo llegar hasta estas personas, tras una denuncia presentad por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) hecha el 13 junio de 2024, tras constatar irregularidades en los títulos de grado de 11 supuestos docentes, ya imputados.

De acuerdo con el escrito presentado, Pera se habría hecho pasar por docente y director de la carrera de “Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Escolar Básica”, en las universidades “María Auxiliadora” de Capiibary, departamento de San Pedro; Privada del Guairá del distrito de Yhú, en Caaguazú, y del Instituto de Formación Docente “San José”, del distrito de Yhú, frontera con el departamento de San Pedro.

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En tanto que, Herminia Fretes se habría hecho pasar como docente y directora de la carrera de “Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Escolar Básica”, en la Universidad Privada del Guairá, con sede en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Por este mismo caso, el 17 de marzo de 2025, la misma representante del Ministerio Público había imputado a los supuestos docentes Adilio Javier Aranda Cáceres, Alba Mariela Caballero Paiva, Alcides Arce Fernández, Alcides Detrich Cabrera, Alicia Lorena Caballero Ríos, Alicia Silva Medina, Alba Anais Martínez Rojas, Ana Claudia Cañete Rolón, Ana Gabriela Leguizamón Villagra, Analia Beatriz Escobar de Goncalves y Anastasio Ramón Florentín.

Los citados, están procesados por presunta estafa y producción de documentos no auténticos. Los mismos, según la pesquisa, pagaron sumas de dinero a Pera y Fretes, en concepto de matrícula, los 4 años de carrera y título de grado en las citadas casas de estudio. En este sentido, Pera y Fretes supuestamente les habían gestionado la matricula de educadores ante el MEC.

Es así que, 11 docentes se presentaron a concursos convocados por el MEC, en 2023, para seleccionar a docentes para el programa denominado “Jornada Escolar Extendida”. Es en esta instancia que, la institución constató las irregularidades y efectuó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

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Concurso del MEC dejó al descubierto el engaño

El 15 de junio de 2023, el MEC realizó el concurso de oposición para la selección de docentes para el programa “Jornada Escolar Extendida”. Sin embargo, luego, recepcionó llamadas telefónicas de varias personas, quienes informaron que varios docentes postulantes habrían presentado certificados de cursos presumiblemente no auténticos y nombraban a los imputados en marzo de 2025.

Ante estas denuncias, el MEC observó en las solicitudes de Matricula de Educador Profesional, registrado en el sistema electrónico de gestión de expedientes (SUGE) y las imágenes escaneadas en PDF, de los títulos de Licenciado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Educación Escolar Básica, de Especialización en Didáctica Universitaria y Certificados de Estudios, supuestamente expedidos por la Universidad Autónoma de Asunción.

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Con respecto a los 11 imputados en marzo de 2025, el MEC concluyó el proceso de matriculación y les otorgó la Matrícula de Educador Profesional.

Sin embargo, la Dirección de Registro de Títulos del Viceministerio de Educación y Ciencias, informó que los documentos presentados por los supuestos docentes matriculados, no se encontraban registrados en libros y que los datos asentados en los documentos no correspondían a registros de esa dependencia.

Igualmente, la Universidad Autonóma de Asunción (UAA) informó que las personas citadas más arriba no eran egresadas ni alumnas de esta institución.

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Bajo engaño pagaron millonarias sumas para ser docentes

En relación a los supuestos docentes imputados Ana Cañete, Alcides Detrich y Alcides Arce, habrían iniciado sus estudios con el objetivo de ser docentes con el pago de matrícula y cuotas en las instituciones en las que el encausado Sergio Pera se presentó como docente y director de carrera.

Así, el 7 de mayo de 2025, en su declaración Ana Cañete relató que en 2015, se inscribió a la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad “María Auxiliadora” de Capiibary (San Pedro). Ahí, Pera se individualizó como profesor y director de carrera, además de haberle informado falsamente de que dicha casa de estudios era una filial de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA).

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Cañete habría abonado la suma de G. 12.600.000 para pagar las matrículas, los 4 años de carrera e incluso el título de grado. Para obetener dicha suma, vendió animales que había criado y eran de su propiedad. Tras concluir la carrera, fue Pera el que gestionó la expedición del título con membrete de la UAA y la obtención de la matrícula de educador profesional ante el MEC.

Posteriormente, Cañete accedió al cargo de docente interina, sin concurso, en instituciones educativas de Canindeyú, entre 2020 y 2022.

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Misma situación se repitió con Alcides Dietrich, quien inició sus estudios en 2015 en la Universidad Privada del Guairá, ubicada en Yhú. En 2020, dicha casa de estudios se habría trasladado a Yasy Cañy (Canindeyú), donde cocluyó sus estudios. Por los 4 años de carrera, Dietrich abonó la suma de G. 400.000 mensuales y, a parte entregó otros G. 5.500.000 a Pera para la gestión de sus documentos. En total pagó G. 24.700.000.

El otro imputado Alcides Arce, según su declaración en Fiscalía, relató que conoció a Sergio Pera en 2011, cuando el último abrió el Instituto de Formación Docente “San José”. Pera le había dicho que su instituto tenía convenio con varias universidades y que como Arce ya había hecho la carrera, le podía facilitar el título de grado por la suma de G. 9.000.000.

Tiempo después, Pera le dijo que el título -con membrete de la UAA- estaba listo pero para retirarlo debía pagar otra suma, G. 4.000.000. Ahora, para la gestión de la matrícula debía otro monto de dinero más.

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La misma conducta habría desplegado Herminia Fretes con respecto a Alva Martínez, Analía Escobar y Anastacio Florentín.