Los líderes indígenas procesados son Bienvenido Núñez Pereira (36) y Graciela Ortiz Palacios (59), quienes enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno. Ambos permanecen con paraderos desconocidos y prófugos de la Justicia.

Según la investigación fiscal, el 8 de agosto de 2024, los hoy imputados, en calidad de líderes de la comunidad nativa “Ysyry Miri San Antonio” y en concierto con otras aproximadamente 20 personas, ingresaron por segunda vez de forma clandestina al inmueble ubicado en el distrito de Hernandarias.

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Los presunto invasores construyeron viviendas precarias con intención de instalarse en el lugar, a pesar de que previamente el Ministerio Público había realizado un procedimiento para expulsarlos del inmueble.

La propiedad congelada por caso de terrorismo

El inmueble en cuestión pertenece a la empresa Agroganadera Santa Felicidad, cuyo accionista principal es Hussein Mounir Mouzannar, investigado por la justicia argentina por supuestamente ayudar a uno de los implicados en el atentado de la AMIA (Asociación Mututal Israelita Argentina) en 1994.

El establecimiento está a cargo de la Senabico desde el 19 de abril de 2024 y administrada por la empresa tercerizada GYBA SA, representada por Martín Cabral Gosling.

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El 13 de junio pasado, los responsables del establecimiento presentaron la denuncia sobre la invasión de la propiedad por parte de indígenas y autodenominados campesinos sin tierras.

Luego, el 19 de junio, a las 17:00, agentes policiales de la zona constataron la presencia de unos 20 indígenas de la parcialidad Ava Guaraní (hombres, mujeres y niños) en la propiedad de 1.033 hectáreas.

También, el 25 de junio, se recibió otra denuncia, esta vez realizada por el abogado Rolando Aquino, sobre el atropello que habría perpetrado un grupo de unas 100 personas, entre nativos y presuntos sin tierras, portando armas como machetes, garrotes y otros elementos contundentes.

Desocupación y nueva invasión

Los presuntos invasores realizaron construcciones de viviendas precarias, como carpas, demostrando además conductas agresivas y sin intenciones de identificarse ni de desocupar el inmueble.

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El 7 de agosto de 2024, los ocupantes retiraron sus pertenencias del lugar y salieron del inmueble ante la presencia de una comitiva fiscal-policial que llegó al sitio para expulsar a los invasores, tras los trámites legales.

Sin embargo, el 12 de agosto, la Fiscalía recibió una nueva denuncia de que la población indígena y de la Federación Nacional Campesina volvieron a ingresar nuevamente en la propiedad, expresando que no desocuparán el lugar hasta que el Gobierno se expida sobre un pedido de expropiación pretendida.

En prosecución de la investigación, se pudo identificar a Bienvenido Núñez Pereira y Graciela Ortiz Palacios, líderes de la comunidad indígena, como los cabecillas de la ocupación ilegal.

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La fiscal Natalia Montanía ordenó la detención de los citados con la consecuente imputación y pedido de rebeldía al Juzgado Penal de Garantías.

Otros imputados

El fiscal Adolfo Santander también había imputado a tres supuestos líderes de la Federación Nacional Campesina de la colonia Toryvete de Hernandarias. Se trata de Marcial Acosta Garayo, Eusebio Ayala Brítez y Rómulo Duarte Paredes, quienes enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno y también se encuentran prófugos de la Justicia.