Los juicios masivos contra personas detenidas en el marco del régimen de excepción, decretado como parte de una guerra contra las pandillas y vigente desde marzo de 2022, comenzaron a celebrarse de manera notoria este año, luego de reformas al Código Penal salvadoreño aprobadas en su mayoría sin estudio ni discusión en el Congreso.

En estos procesos se ha condenado a decenas de personas, en su mayoría bajo el delito de agrupaciones ilícitas, a penas muy altas, como por ejemplo las de 85 años de cárcel dictadas contra "24 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha) por delitos cometidos en diferentes sectores" del país, como informó el pasado agosto la Fiscalía General.

Según la directora de la división de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, "los juicios masivos de El Salvador son una burla a la justicia", señalando que "estas audiencias están diseñadas para producir veredictos de culpabilidad, no para sopesar las pruebas bajo el debido proceso".

"El resultado no es la rendición de cuentas por las víctimas de la violencia de las bandas, sino simplemente la aprobación estereotipada del encarcelamiento masivo dentro de los cuatro años del estado de emergencia", apuntó.

HRW reveló, en un informe divulgado este miércoles en su web, que entrevistó a 15 abogados defensores privados que representaban detenidos y revisó cuatro acusaciones que cubren a más de 600 acusados y una decisión judicial que sentenció a más de 120 personas.

Además, conversó con miembros de la sociedad civil y organizaciones con conocimiento directo de los procedimientos, concluyendo que los fiscales involucrados "han clasificado a los acusados según su supuesto rango o papel en bandas, en la mayoría de los casos como 'colaboradores' o 'vigilantes', pero no han especificado más en qué actividades se realizaban presuntamente como parte de la banda, ni durante qué periodos".

De acuerdo con HWR, los abogados entrevistados afirman que no han tenido oportunidad significativa de impugnar pruebas ni de preparar una defensa adecuada, y que los fiscales y los jueces implicados tienen poca, si es que alguna, independencia respecto al poder ejecutivo.

"Los abogados afirmaron que rutinariamente se les impedía presentar una defensa adecuada. Dijeron que los jueces les negaron el acceso a los expedientes, alegando que los casos estaban bajo 'sello' (reserva), no podían hablar en privado con sus clientes y algunos abogados también dijeron que los fiscales habían amenazado a los testigos de la defensa con una acusación penal", expuso la ONG.

El organismo internacional dijo que los abogados sufren una serie de limitaciones severas en su capacidad de defensa, y que en el caso de los defensores públicos "tienen solo unos minutos para presentar una defensa en varias fases del proceso"

"Un abogado describió que en una audiencia inicial de detención preventiva se le concedieron 10 minutos a un solo defensor público para defender a 102 acusados", según HRW.

Para HRW las autoridades salvadoreñas deben asegurarse de que los procedimientos cumplan con los estándares de juicio justo, evaluar cuidadosamente las pruebas y cargos contra cada individuo, poner fin al uso excesivo de la detención preventiva y los sellos (reservas) judiciales, y revelar cómo se nombraron los tribunales especializados, encargados de las audiencias masivas.

Se estima, de acuerdo con la organización, que actualmente hay 120.000 personas encarceladas en El Salvador, aproximadamente el 2 % de la población, una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, alertó.

"Los presos salvadoreños han sufrido durante mucho tiempo por el hacinamiento, la violencia y el acceso insuficiente a alimentos, agua y atención médica. El estado de emergencia ha empeorado drásticamente estas condiciones de detención al triplicar la población penitenciaria, llevándola a más del doble de la capacidad del sistema", lamentó.