La jueza penal de Garantías Diana Carvallo fijó para hoy el inicio de la audiencia preliminar en el caso de los “tapabocas de oro”, donde hay siete acusados por la compra irregular de 4.000 tapabocas a G. 35.000 cada uno, en el año 2020.

El fiscal Silvio Corbeta fue designado para el caso y se encargará de sostener la acusación presentada por la fiscala adjunta Soledad Machuca.

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Además del extitular de la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC) Édgar Melgarejo Ginard, también está acusado Marcelo Rubén Ovelar González, hijo del exjuez Elio Ovelar y de la fiscala de Delitos Económicos Marlene González, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).

Los demás acusados son el exdirector financiero Juan Turitich Báez, la exgerente administrativa de la Dinac Luz María Chamorro Báez y el exdirector del Aeropuerto Internacional Fernando Gallardo de Brix, además de los representantes de la firma Proyectos Global SA Katherine Toñánez y Juan Carlos Vargas Franco.

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La acusación revela que Ovelar elaboró el pliego de bases y condiciones y emitió el dictamen Nº 10/20, en el cual resalta que “considera pertinente llevar adelante el procedimiento para la contratación por la vía de la excepción para lo cual se recomienda se dicte la resolución pertinente”.

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La Fiscalía sostiene que con la emisión del dictamen de UOC, Ovelar brindó al titular de la Dinac la herramienta legal para justificar la presentación de una sola oferta, realizada por la firma Proyectos Global SA, y así evitar que exista un comparativo de propuestas de provisión del mismo producto con precios más acordes al valor del mercado.

La acusación añade que de igual modo, con el propósito de darle un ropaje legal al legajo y colaborar con Melgarejo, Ovelar no estableció siquiera requisitos mínimos que permitan acreditar que el oferente tenga relación con el objeto del contrato, que era la provisión de tapabocas a la Dinac.

Importador afirma que Melgarejo "regateó" mascarillas a G. 2.700 y luego el producto se facturó en G. 29,990

El caso se descubrió cuando el empresario Ignacio Pidal denunció que Melgarejo le había regateado los precios para conseguir los barbijos a G. 2.700 la unidad, pero que finalmente el ente terminó adquiriendo 4.000 tapabocas a G. 30.000 cada uno.

La institución adquirió 4.000 mascarillas del tipo KN95 a G. 35.000 cada uno, cuando el propio Ministerio de Salud Pública había establecido la suma de G. 15.000 como precio tope para ese tipo de barbijos.