
Honduras registró 437 conflictos sociales en el primer semestre de 2026, según informe
Según la Infografía de Conflictividad Social: enero-junio de 2026, elaborada por el Iudpas, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UN...
Según la Infografía de Conflictividad Social: enero-junio de 2026, elaborada por el Iudpas, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las acciones colectivas tuvieron lugar en los 18 departamentos del país, lo que refleja la persistencia y complejidad de las demandas sociales no resueltas.
El informe señala que el 78,7 % de las movilizaciones se desarrollaron a nivel local, el sector educativo concentró cerca de un tercio de las acciones registradas, el 36,2 % de las demandas fueron impulsadas por trabajadores y los conflictos socioterritoriales representaron el 13,5 % del total.
Durante el período analizado ocurrieron, en promedio, al menos dos protestas cada día y, en los momentos de mayor conflictividad se registró el pasado 2 de junio con 34 protestas en distintos puntos del país, relacionadas principalmente con los sectores de educación, energía, trabajo y salud, precisó el informe.
Las demandas estuvieron vinculadas, entre otros aspectos, con la defensa del empleo y las condiciones laborales, mejoras en la educación, acceso a servicios públicos e infraestructura, así como la defensa de la producción y del territorio.
Según el Iudpas, los trabajadores fueron el principal actor involucrado en las acciones colectivas, con 158 registros, equivalentes al 36,2 % del total, seguidos por madres y padres de familia, estudiantes, pobladores, transportistas y organizaciones vinculadas con la defensa ambiental y territorial.
El documento indica además que 50 de las 437 protestas estuvieron relacionadas con el incumplimiento de acuerdos asumidos por el Estado, principalmente en los sectores de educación y salud.
Respecto a la respuesta institucional, el Iudpas detalló que el 88,6 % de las demandas no recibió gestión por parte de las autoridades, mientras que solo el 11,4 % obtuvo algún tipo de atención estatal, una situación que contribuye a la repetición de medidas de presión como bloqueos de carreteras y ocupaciones de instituciones públicas para exigir soluciones.
