El Ministerio Público emitió un recordatorio a la ciudadanía que la profanación de sepulturas no es un juego ni una travesura de Halloween, sino un hecho punible castigado por el Código Penal paraguayo.

A través de la figura de “Perturbación de la paz de los difuntos”, contemplada en el artículo 231 de la Ley 1160/97, las autoridades buscan proteger la memoria de los fallecidos, la paz de sus familias y la intangibilidad de las tumbas.

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El abanico de conductas prohibidas abarca desde la sustracción no autorizada de cadáveres o partes de cuerpos, hasta la alteración de tumbas y los actos de maltrato o destrucción de restos humanos.

Dependiendo de la gravedad de la falta, las penas privativas de libertad van desde los 2 hasta los 3 años o multa; sin embargo, en los casos donde se compruebe una intención de obtener un beneficio patrimonial, como la venta ilícita de huesos o la rapiña de metales nobles, la sanción penal se eleva hasta los 5 años de cárcel.

Más de 200 causas ingresadas y el mapa del vandalismo funerario

Las estadísticas oficiales elaboradas por el Observatorio y la oficina de Estadísticas del Ministerio Público revelan la dimensión real de esta problemática. Entre el año 2021 y septiembre de 2026, las unidades fiscales de todo el país abrieron un total de 221 causas penales por el delito de perturbación de la paz de los difuntos.

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Las zonas con mayor concentración de denuncias son Asunción, el departamento Central, Cordillera, Caaguazú y Alto Paraná, puntos donde los cementerios municipales sufren de forma constante la falta de murallas perimetrales y la escasa presencia de guardias nocturnos.

¿Qué hacer ante la profanación o el saqueo de una tumba?

Ante la constatación o simple sospecha de que una sepultura fue violentada, las autoridades recomiendan actuar con celeridad y sin manipular la escena. El primer paso debe ser acudir de inmediato a la comisaría más cercana o a la sede de la Fiscalía para radicar la denuncia formal.

Resulta crucial preservar intacto el lugar del hecho, evitando tocar los restos, los cajones dañados o los objetos esparcidos.

Asimismo, se aconseja tomar fotografías de los destrozos, guardar comprobantes de mantenimiento e informar inmediatamente a la administración del camposanto intervenido para exigir los registros de los encargados de turno, la nómina del personal de limpieza y las imágenes de las cámaras de seguridad si las hubiere.

La impunidad en los cementerios solo podrá combatirse en la medida en que los ciudadanos formalicen sus reclamos y las municipalidades asuman el compromiso de brindar la seguridad mínima a la memoria de nuestros difuntos.