Ayer, martes, el Ministerio de Justicia anunció que restos óseos, presumiblemente de origen humano, fueron hallados durante excavaciones en el Centro Nacional de Prevenidos, antes Penitenciaría Nacional de Tacumbú -en Asunción-, donde están en curso obras de remodelación.

Hasta el momento no ha habido confirmación oficial de que los restos sean efectivamente humanos y, si lo son, a cuántas personas pertenecen. El Ministerio Público tomó intervención para los análisis forenses iniciales.

En comunicación con ABC Color, el doctor Pablo Lemir, director de Medicina Forense del Ministerio Público, habló de los procedimientos para la identificación de restos óseos y sobre las limitaciones que Paraguay enfrenta en ese tipo de investigación.

¿Cómo se identifican restos óseos?

El doctor Lemir explicó que, cuando son hallados restos óseos presumiblemente humanos, se busca elaborar un “perfil biológico” que determine primeramente si, efectivamente, son de origen humano y luego confirmar si pertenecen a uno o múltiples individuos, el sexo, la raza y la edad de la persona fallecida.

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Estos trabajos son llevados a cabo por especialistas en antropología y odontología forense.

El doctor Lemir explicó que, generalmente, el análisis de ADN suele ser un último recurso para la identificación de restos óseos debido a que se trata de un procedimiento “mucho más costoso y lento”, además de que, dependiendo del estado en que se encuentran los restos, puede ser difícil aislar el ADN para un análisis.

Paraguay carece de bases de datos genéticos

El médico señaló que una importante dificultad que enfrenta el Estado paraguayo a la hora de identificar restos o realizar análisis de ADN es la falta de una base de datos genéticos en el país, algo que necesariamente debe ser creado por medio de una ley.

Explicó que existen dos tipos de bases de datos genéticos: la base genética “humanitaria”, en la que se cargan muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas para contrastar con ellas el ADN de restos no identificados que son eventualmente hallados; y la base genética “criminal”, en la que se registran los datos genéticos de personas procesadas o condenadas por el Poder Judicial.

“Al no existir esa ley, no hay obligación del Estado para tener esa base de datos y no hay inversión” en la tecnología necesaria, señaló el doctor Lemir.