
Habría caos si imputado retorna hoy a Intendencia de San Pedro
Un ambiente de violencia y caos institucional podría haber hoy en la capital del departamento de San Pedro. La Junta Municipal resolvió desconocer como intendente a ...
Un ambiente de violencia y caos institucional podría haber hoy en la capital del departamento de San Pedro. La Junta Municipal resolvió desconocer como intendente a Rodríguez y además determinó que todos los documentos que firme no serán válidos. Once de los 12 ediles sampedranos firmaron esa decisión durante una sesión extraordinaria.
Detectan daño patrimonial de G. 18 mil millones en Comuna de San Pedro
Rodríguez está apartado de sus funciones hasta hoy, fecha en que culmina de manera oficial la intervención a su gestión y que detectó un perjuicio de G. 18.000 millones a la institución y en que en teoría debe retomar el cargo. Sin embargo, ediles y la ciudadanía sampedrana se preparan para no dejarlo entrar a la sede municipal.
Rodríguez también fue imputado por supuesta lesión de confianza por la fiscala de delitos económicos Victoria Acuña, y el juez Humberto Otazú admitió y convocó al intendente para el viernes 17 de marzo para su audiencia de imposición de medidas. El Ministerio Público solicitó para Rodríguez medidas alternativas a la prisión, entre ellas la prohibición de acercarse a la municipalidad.
Sin embargo, Rodríguez exhibió en sus cuentas de redes sociales la foto de una resolución judicial que rechaza la acción de inconstucionalidad impulsada por varios concejales para que no reasuma sus funciones.
“El problema que tienen es que yo sí puedo flamear orgulloso mi bandera colorada. No la de arcoíris que quieren poner en todo San Pedro”, dice el intendente imputado por el robo de fondos municipales, de G. 7.000 millones.
También están imputados en esta causa el exintendente interino Francisco Balbino González, quien asumió el cargo cuando Rodríguez buscó la diputación, Vicente Báez, Rubén Alder Leguizamón, José Luis Baruja Legal, Sergio Isasi, Diego Armando Espínola, Giselle Nohemí Irala, Pedro Antonio Morel y Fátima María Pereira Ocampo.
La Cámara de Diputados resolvió intervenir la municipalidad el 23 de noviembre. El informe del interventor Amancio Rivas detectó un posible daño patrimonial de G. 18.000 millones. Los diputados todavía no resuelven si destituyen o no al cuestionado intendente.