La cifra de nuevos deportados, según detallaron las autoridades, corresponde a 50 ciudadanos colombianos, 14 peruanos y 11 dominicanos.

El Ejecutivo reportó que, del total de expulsados este año, 1.704 han ocurrido bajo el actual Gobierno.

"En este momento en la Región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, se encuentra un vuelo chárter con 75 extranjeros irregulares expulsados que van a dejar el territorio nacional en las próximas horas", anunció el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Sesenta y nueve de esos extranjeros corresponden a expulsiones administrativas, al ser identificados por ingreso irregular al país, mientras que los seis restantes fueron por razones judiciales.

Los delitos asociados a esas personas fueron tráfico ilícito de drogas, robo con violencia e intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego y violación de menor de 14 años, indicaron.

Casi el 90 % de las expulsiones en 2026 han sido administrativas, un total de 1.726 personas por 199 que abandonaron Chile por causas judiciales.

Las deportaciones de inmigrantes irregulares se incrementarán, luego de que el Congreso chileno aprobara esta semana una ley para agilizar el trámite, que incluye medidas como permitir a la policía ingresar a un domicilio para aprehender a personas con una orden de salida del país.

El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que las expulsiones comenzarán a ser diarias a través de vuelos comerciales que “van a ser financiados con el aumento que tuvimos en el presupuesto, que fue ejecutado en su totalidad en el mes de agosto”.

Según indicó la autoridad, el ministerio de Interior otorgó al servicio migratorio alrededor de 1,7 millones de dólares (1.760 millones de pesos chilenos) extras para cumplir con la asignación hasta finales de este año.

En Chile, hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

La salida forzada de los ciudadanos del país caribeño quedó bloqueada por la ruptura del vínculo entre Chile y Venezuela en 2024, y a pesar del anuncio en agosto pasado del restablecimiento de las relaciones consulares aún no hay avance en esta situación.