
Gobierno admite necesidad de fortalecer instituciones para atraer inversiones en Paraguay
Una delegación paraguaya de más de 60 empresarios finalizó su participación en una gira de captación de capitales, llevada a cabo en Nueva York con el auspicio de entidades bancarias internaci...
Una delegación paraguaya de más de 60 empresarios finalizó su participación en una gira de captación de capitales, llevada a cabo en Nueva York con el auspicio de entidades bancarias internacionales y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tras la reunión de evaluación con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, expuso los resultados de la misión oficial y defendió la agenda orientada a conectar proyectos locales con el mercado financiero global.
Si bien las autoridades centraron su discurso en la atracción de inversiones, no se dejó de señalar las limitaciones estructurales que enfrenta el país para sostener dicho crecimiento.
Al ser consultado sobre el impacto que generan en la imagen internacional los escándalos que involucran a figuras políticas y al Poder Judicial, como el caso de Hernán Rivas, los representantes del empresariado reconocieron la fragilidad de las instituciones locales.
Carlos Vouga, representante de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham), señaló que “toca lidiar con ambas cuestiones” y subrayó que “la justicia tiene que hacer su parte”, agregando que como país se tiene “todavía un camino que recorrer” para erradicar las deficiencias institucionales.
Ante este escenario, el propio ministro Riquelme admitió que la estructura pública debe adaptarse al nivel de las exigencias internacionales si se pretende sostener la llegada de capitales de gran envergadura.
“Para poder atraer industrias e inversiones cada vez mayores y más complejas, nosotros también tenemos que evolucionar y complejizar más el nivel de trato que tienen las distintas instituciones dentro del Paraguay”, afirmó Riquelme.
El titular del MIC acotó que la mejora del aparato estatal y la atracción de capitales son procesos que se deben encarar en paralelo: “No se puede priorizar, no se puede hacer una cosa y después la otra, es algo que tenemos que hacerlo en conjunto, tenemos que hacerlo en movimiento y en consonancia siempre con el sector privado”.
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Promesas de capitales y proyectos en evaluaciónDurante el informe, el Poder Ejecutivo detalló un estimado de inversiones concretas que superarían los 1.000 millones de dólares, aunque la mayoría de los emprendimientos anunciados corresponde a procesos en etapa de evaluación, gestiones burocráticas o negociaciones iniciadas hace años.
Entre los principales anuncios se incluyó una propuesta para la construcción de una arena de eventos en la Costanera de Asunción por un monto estimado de 700 millones de dólares, la cual aún depende de autorizaciones municipales y ambientales para su ejecución.
Asimismo, se citó una inversión forestal de 200 millones de dólares vinculada a la firma JP Morgan, la intención del fondo de inversión Plug and Play de establecerse en el país y un acuerdo entre la estatal Petropar y la firma Scorpio para la revisión de información técnica sobre prospección de hidrocarburos.
Respecto al sector público, se anunció un acuerdo con la organización Apolitical para la capacitación de más de 100.000 funcionarios en herramientas de inteligencia artificial, con miras a la reducción de trámites burocráticos.
Desde el sector de la infraestructura, el empresario Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) enfatizó la persistencia de una “brecha enorme” en las obras públicas del país, señalando la necesidad de recurrir a esquemas de financiación privada, concesiones y Alianzas Público Privadas (APP) para atender las demandas del sector.
El Ejecutivo reiteró que el objetivo central de la promoción internacional es la generación de empleo para los más de 100.000 jóvenes que se incorporan anualmente al mercado laboral, en un contexto donde la efectividad de las promesas de inversión continuará sujeta a la capacidad del Estado para otorgar seguridad jurídica y transparencia institucional.
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