"Se cometieron graves errores que deben ser investigados y sancionados. Debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias", dijo el gobernante en un video en sus redes sociales.

Lemus aseguró que "hubo excesivo uso de la fuerza y detenciones injustas" por parte de los policías que recibieron con gas lacrimógeno y cañones de agua a cerca de 10.000 manifestantes de todas las edades en la Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador, cuyo interior fue protegido con vallas para disminuir el acceso.

"A las personas nunca se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia", subrayó.

Este lunes, el mandatario estatal defendió la actuación de los elementos de la policía antimotines que respondieron a "un grupo de choque" de 400 personas que provocaron la violencia.

El anuncio se dio luego de que este martes la ciudadanía y estudiantes salieron de nuevo a las calles en diversos puntos de Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país, para defender su derecho a la libre manifestación y por la liberación de quienes fueron detenidos durante la protesta dominical.

Sobre el caso, Lemus explicó que ya han identificado a los policías que actuaron con violencia, quienes, aseveró, serán sometidos a una investigación interna.

Organizaciones de defensa de derechos humanos, ciudadanía y familiares de personas detenidas habían señalado desde el domingo la violencia policial y graves irregularidades en la detención y el proceso judicial de 39 personas capturadas, de las cuales 32 fueron liberadas el lunes.

La Fiscalía de Jalisco envió este martes al penal de máxima seguridad de Puente Grande a siete de los detenidos acusados de lesiones dolosas contra personas que desarrollan funciones de seguridad pública y por desobediencia o resistencia de particulares.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que participa en la defensa de los siete detenidos, advirtió que, pese a que Lemus solicitó su liberación, las carpetas de investigación en su contra siguen abiertas.

"Las personas hoy están en libertad, pero siguen los procesos penales abiertos y la criminalización continúa", apuntó el organismo en un comunicado.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias del área metropolitana de Guadalajara reciben agua contaminada y con olor a cloaca, que contiene metales pesados y heces fecales y no ha sido clorada, según denunciaron organizaciones de derechos humanos tras analizar muestras.