En torno al mediodía, estudiantes, docentes y otros trabajadores de las universidades públicas comenzaron a movilizarse en el centro de la capital argentina para denunciar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre de 2025 y reconfirmada por el Congreso, pese a un veto presidencial.

"El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ataca no solo a la educación pública sino también el carácter de la democracia", dijo a EFE durante la marcha Valeria Luz Filgueira, una docente de 48 años.

Su implementación, motivo de una disputa judicial de las universidades contra el Ejecutivo, se exige desde hace más de un año en las calles y ha sido objeto de huelgas, corte de calles, clases públicas y hasta la irrupción de más de cien estudiantes en la Secretaría de Educación en reclamo de una reunión con el titular, Carlos Torrendell.

A los universitarios se sumaron este jueves científicos, jubilados, personas con discapacidad y trabajadores de la salud, todos pertenecientes a sectores muy afectados por las políticas de ajuste que rigen en Argentina desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023.

Mientras la multitud avanzaba hacia la Plaza del Congreso, en el interior del Legislativo, la oposición intentaba quórum, sin lograrlo, para discutir un extenso decreto presidencial que en diciembre de 2023 estableció cambios en distintas áreas e incluyó la eliminación del límite de tierras argentinas a ser adquiridas por extranjeros.

Eric Simonetti, profesor de filosofía de la Universidad de La Plata, advirtió a EFE que "el ajuste del Gobierno de Milei viene perjudicando de una manera muy fuerte al conjunto de los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres".

Hacia las 16:00 hora local (19:00), poco antes del acto central, el clima de la manifestación cambió de manera abrupta.

Las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar de manera indiscriminada gases lacrimógenos y agua a presión desde dos camiones hidrantes en respuesta a un incidente aislado protagonizado por un grupo de unos ocho encapuchados.

"Quieren imponer el caos, desafiar a las fuerzas de seguridad y convertir las calles en una zona liberada", escribió en la red social X la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al justificar la acción policial.

Y agregó: "Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia".

Los integrantes de ese grupo disonaban, por su aspecto y actitud, con el resto de los manifestantes y, pese al incidente que protagonizaron y las palabras de la ministra, ninguno de ellos fue detenido.

Un camarógrafo del canal C5N recibió un golpe en el rostro cuando se acercó a uno de ellos para grabarle mientras su colega periodista le preguntaba a qué grupo de manifestantes pertenecía y qué llevaba en su bolso.

Poco después, en declaraciones al canal TN, el diputado peronista Germán Martínez denunció la presencia de "infiltrados" en la manifestación y sugerir que eso pudo favorecer la carga policial.

La policía continuó disparando gases y balas de goma durante más de dos horas hacia el centro de la plaza bajo una intensa lluvia y con la atmósfera severamente contaminada.

Aún así, el acto encabezado por autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las más prestigiosas de Latinoamérica, continuó mientras los asistentes intentaban neutralizar los gases tóxicos con el lodo producto de la lluvia.

Las cámaras de televisión captaron cómo una de las bombas de gases policiales impactó en la cabeza de una manifestante, una mujer que dijo estaba secundando la protesta para reclamar educación pública para sus hijos y quien tuvo que ser atendida en el lugar.

 "Cada gas lacrimógeno cuesta como una jubilación", denunció uno de los 550 manifestantes afectados este jueves por los gases, según cifras de la organización Comisión para la Memoria.

Mientras el grueso de la marcha resistió en uno de los extremos de la plaza, otros comenzaron a atrincherarse detrás de cartelería urbana, contestando la agresión policial con piedras.

Casi tres horas después de iniciar los incidentes, policías motorizados avanzaron sobre la Plaza del Congreso, seguidos de agentes aprestos a las detenciones, hasta que el lugar quedó completamente despejado y regado de piedras y cartuchos.

Hasta el momento, fuentes del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires han informado de seis detenciones.

Lejos de aquellos incidentes, Marta Flores, trabajadora de la Universidad de Buenos Aires, dijo a EFE: "La patria no se vende, la UBA no se vende, la excelencia tampoco. La Argentina está de pie".