Desde Recursos Humanos de la Cámara de Senadores informaron que 37 funcionarios solicitaron vacaciones del 17 al 28 de abril; siete pidieron hacer en ese tiempo gestiones institucionales y un funcionario alegó motivos particulares para ausentarse en la semana clave de las Elecciones Paraguay 2023, donde varios parlamentarios pelean voto a voto para seguir en sus curules.

Solo este año, fueron beneficiados 336 funcionarios del Senado con sobresueldos por G. 871.000.000 y 187 funcionarios legislativos por G. 445.000.000, que totalizan G. 1.316 millones.

Cada vez más caro le cuesta al contribuyente mantener el Congreso Nacional, que en un lapso de 10 años, desde el 2014 hasta el 2023, aumentó su presupuesto solo en el rubro de “servicios personales” G. 136.718.015.087, monto que representa un 146% más, según se desprende de un comparativo del dinero que se asigna anualmente en el Presupuesto General de la Nación.

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Los parlamentarios, para este año, se autoexcluyeron de las reglas que establece la Ley de la Función Pública y de la ley de racionalización del gasto público sobre nombramientos en cargos creados en el Parlamento Nacional.

El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, FR), dispuso mediante la resolución N° 1.596 mantener en parque cerrado los vehículos de propiedad de la Cámara Alta y del Congreso Nacional, a partir del 25 de abril hasta el miércoles 3 de mayo.

Mencionan que esta medida es con el fin de precautelar el uso y control de los vehículos del parque automotor del Senado y del Congreso y considerando el artículo 6° de la Ley 704/95 “Que crea el registro de Automotores del Sector Público y reglamenta el uso y tenencia de los mismos y sus modificaciones 4131/2013 y 5609/2016″.

Los vehículos que serán resguardados estarán bajo la responsabilidad de la Dirección de Transporte de la Cámara de Senadores.

La Ley N° 2880/2006, en su artículo 6°, señala que el funcionario que indebidamente y en beneficio propio o de un tercero, use o permita a otro el uso de bienes del Estado, será castigado con pena de multa.

La misma pena se aplicará al funcionario que utilice ilegítimamente, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por el Estado.

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Mientras que, en el artículo 10, señala que los participantes de los hechos punibles que esta ley reprime, podrán ser sancionados también, complementariamente, con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de cinco a diez años.

El senador Salomón afirmó que la ANR ganará por una diferencia de 250.000 votos.