Anadelia Acosta Armoa, que figura como funcionaria “asesora” de la Cámara de Diputados, hasta ayer comisionada a la “Secretaría de Mujer” de la municipalidad de R.I. 3 Corrales, Caaguazú, está en la mira de la Fiscalía por presuntamente apropiarse de gran parte de una indemnización de G. 800 millones que otorgó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a dos humildes familias de la compañía Jagua Kai (Repatriación), que perdieron a su sostén de familia, al morir electrocutados por un cable de alta tensión.

Acosta Armoa, que en sus redes sociales aparece posando en fotografías con autoridades cartistas, como el vicepresidente Pedro Alliana, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, el diputado y vicelíder de bancada de Honor Colorado, Miguel del Puerto, y el colorado “independiente”, Arnaldo Samaniego, entre otros, es señalada como supuesta “gestora” y presunta mayor beneficiada por la millonaria indemnización para las familias de las víctimas: Antonio Acosta Contrera y Mariano Ramírez Casco.

Según la fiscala Norma Salinas, a la familia de Acosta Contrera solo entregó G. 45 millones y a la de Ramírez Casco, G. 30 millones, y se habría quedado con G. 725 millones. Se dice “abogada” pero no obran registros oficiales de dicho título.

Funcionaria del Congreso ya gestionó en agosto cheques para millonario despojo

Anadelia Acosta presentó declaración jurada de bienes ante Contraloría el pasado 30 abril, donde reportó un patrimonio neto en negativo, reportando cero activos y un pasivo de G. 15 millones, correspondiente a una deuda con el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Solo 7 meses después de declararse en quiebra, celebró en redes la compra de una camioneta Kia Sorento de paquete.

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, mediante resolución Nº 2170, dispuso el cese del comisionamiento de Acosta Armoa, que la misma pase a disposición de Recursos Humanos y la apertura de una investigación, tras la cual eventualmente puede ser cesada en sus funciones.

Mientras tanto, mantiene su condición de nombrada con salario de G. 5.500.000, el cual percibe desde septiembre del año pasado. La misma había ingresado a la Cámara Baja en septiembre de 2021 y solo seis meses después ya fue nombrada.