El Ministerio de Justicia decidió apartar de su cargo al director del penal de Emboscada, Pablo Abel González Apuril, y oficializar una intervención en la penitenciaría. La medida se toma de manera inmediata tras confirmarse la fuga de dos presos de alta seguridad durante el fin de semana.

Al respecto, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó: “En toda intervención se separa el director porque justamente la idea es que el interventor tenga total libertad para poder recolectar toda la información”, afirmó en entrevista con ABC Color.

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Asimismo, puntualizó que la administración fijó un plazo inicial para que el interventor realizara un corte administrativo y presentara sus conclusiones.

“Tengo entendido que se fijaron 30 días, obviamente si culmina antes ya presenta el informe o en algunos casos cuando se requiere mayor tiempo se pide una prórroga”, sostuvo.

Investigación interna: guardiacárceles detenidos

Por otro lado, detalló que en paralelo se llevan a cabo las tareas administrativas, donde cuatro guardiacárceles se encuentran detenidos bajo sospecha de tener responsabilidad directa en el escape de los reclusos. Las autoridades analizan si existió una falla operativa o un acto deliberado de colaboración con los prófugos.

El Ministerio de Justicia detectó graves faltas a los protocolos de seguridad establecidos en la institución penitenciaria.

Ante este escenario, Maciel señaló que ”hay un notorio incumplimiento de los procedimientos establecidos, que eso puede ser o un caso de negligencia o un caso ya de complicidad".

Desde la institución aclararon que “si es un contratado, se procede a su desvinculación; si es un funcionario nombrado, se tiene que requerir el sumario”, un proceso que corre de forma independiente al ámbito penal.

Fragilidad de un sistema de control

La fuga de reclusos deja al descubierto grandes interrogantes en torno a la seguridad interna. La situación evidencia la fragilidad de un sistema de control que permitió la evasión de internos considerados de alta peligrosidad y con condenas por delitos graves.

“Ambos están condenados por homicidio; el que posee la pena más alta, de 25 años, cuenta además con otra condena por asociación criminal y secuestro”, detalló el viceministro.

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En otro punto, aseguró que investigan si mediaron ofrecimientos económicos o presiones externas para facilitar la fuga. Al respecto, Maciel reconoció que “usualmente ese siempre es el elemento motivante, cuando existe algún tipo de ofrecimiento para que ellos puedan facilitar información o elementos”, refirió.

Finalmente, Maciel remarcó que buscarán corregir las debilidades estructurales del sistema penitenciario actual y aplicar las sanciones correspondientes y evitar similares incidentes en el futuro.