Una intensa audiencia pública se desarrolló hoy en Diputados para debatir la creación del “Programa Nacional de Reproducción Asistida (Probara)”, que plantea que el Estado cubra el tratamiento (incluso de alta complejidad como es la “inseminación artificial” o “in vitro”) para parejas que quieran tener hijos, pero, por motivos médicos, se vean dificultadas.

Plantean en Diputados programa gratuito de reproducción asistida

A sala llena, el proyecto presentado por los diputados Mauricio Espínola (ANR, Añetete), Hugo Meza (ANR, oficialista), Miguel del Puerto (ANR, cartista) y Carlos María López (PLRA, PL) fue analizado por representantes del Estado, del sector académico y médico, así como otros sectores de la sociedad.

El debate se polarizó fuertemente sobre todo en dos aspectos: 1) jurídico/constitucional por supuesta confrontación entre el derecho a la vida contra el derecho a la familia, ambos amparados por la Constitución; y 2) económico/presupuestario y la propiedad o no de invertir grandes recursos del Estado para financiar costosos tratamientos habiendo otras serias carencias en Salud Pública.

Más allá de las diferentes posturas, el punto de origen del debate fue si la reproducción asistida debería ser un tema del que se ocupe el Estado o no.

“La infertilidad no es un problema de salud pública en nuestro país. Nosotros tenemos problemas de salud pública que son más urgentes, el problema de transmisión de enfermedades pro vectores, la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, la falta de bancos de sangre, el problema de las Unidades de Salud Familiar”, dijo la Dra. Leonor Navarro, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

También acotó la falta de “insumos básicos donde hay niños que tienen fiebre y ni un paracetamol hay en los puestos de salud” y “el problema eterno de los enfermos oncológicos” y acotó que el propio Estado promueve una “infertilidad estructural”.

“El problema es que muchas familias no pueden tener hijos por la infertilidad estructural que significa no tener las condiciones sociales básicas para criar un hijo”, insistió Navarro.

El diputado Espínola, uno de los proyectistas, defendió la necesidad de que el Estado otorgue la posibilidad a personas con dificultades médicas para engendrar y sin recursos -ya que los tratamientos de alta complejidad rondan los G. 50 millones- de contar con ayuda del Estado para gestar una vida.

“Por supuesto que nosotros no vamos a descuidar la necesidad imperiosa de salud, que es bastante precaria en Paraguay y lo que buscamos es resguardar el derecho constitucional de formar una familia”, agregó Espínola.

Acotó que pretenden, “en primer término, aprobar el proyecto y luego pelear en la bicameral el presupuesto”. Adelantó también que seguirán analizando y están dispuestos a reformar, si fuese necesario, lo referente a la vida desde su concepción como dicta la Constitución Nacional.

Sectores religiosos y parte del sector científico introdujeron el debate (que también tiene implicancia jurídica) sobre la etapa de la concepción y no incurrir en el delito del aborto, a partir de desechar cigotos (es la primera célula que se forma tras la fecundación) ya inseminados.

Se planteó considerar que la fecundación, que es inseminar el óvulo, no es lo mismo que la gestación, que es el momento cuando ese óvulo es introducido a la matriz materna y, por ende, se considera el origen de la vida.

Otros, sin entrar en el debate religioso, plantearon velar por prohibir prácticas eugenésicas, es decir, que no se desechen inseminaciones con criterios de mejoras genéticas y también prohibir la experimentación.