El anuncio, realizado en una tribuna publicada por Le Monde, supone la primera vez que el Ejecutivo fija una cantidad global para la futura ley integral contra estas violencias, que está previsto que sea debatida por el Parlamento el próximo otoño.

Lecornu precisó que el presupuesto de 2027 establecerá un punto de partida de cerca de 1.500 millones de euros, repartidos entre los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social. A esta cantidad se sumarán 2.600 millones de euros para la protección de la infancia.

Si el Parlamento aprueba las medidas, los fondos permitirán, según el jefe del Ejecutivo, contratar 300 magistrados, 700 nuevos investigadores y 300 profesionales de apoyo escolar, entre ellos enfermeras.

También se destinarán a reforzar la financiación de las asociaciones que trabajan con víctimas y establecer un sistema para identificar y evaluar anualmente los créditos destinados a combatir estas violencias.

"Este presupuesto es un primer paso, no el objetivo final", afirmó Lecornu, quien defendió un programa que permita fijar objetivos, recursos y calendarios y someter los resultados a control parlamentario.

El anuncio llega después de la muerte de Lyhanna, una niña de 11 años cuyo cuerpo fue encontrado en junio en el departamento de Gers (suroeste). El caso suscitó polémica y críticas sobre la respuesta de las instituciones ante las denuncias de violencia sexual contra menores, ya que su presunto asesino era objeto de denuncias pero nunca había sido detenido ni interrogado.

Lecornu dijo que el Gobierno impulsará una respuesta a este tipo de violencia que abarque la prevención, la policía, la justicia, la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Entre las prioridades citó la especialización de investigadores y magistrados, la formación de los profesionales que reciben denuncias y una mayor protección para los menores expuestos a violencia en el hogar.

Los presupuestos de 2027 contemplarán además 40 millones de euros para digitalizar procedimientos judiciales, con el objetivo de acelerar el tratamiento de las denuncias y reducir los plazos de los procesos.

El Gobierno prevé asimismo firmar en octubre varios decretos para reforzar las llamadas casas de mujeres y salud, crear una plataforma nacional de coordinación sobre violencia en el ámbito sanitario e introducir en la educación nacional un cuestionario sobre violencia sexual destinado a facilitar que los menores puedan hablar de estas situaciones.

Lecornu también defendió una financiación fija y plurianual para las asociaciones que reciben y acompañan a las víctimas, y subrayó la necesidad de actuar sobre la prevención mediante la educación afectiva, relacional y sexual. "La muerte de Lyhanna nos obliga" a ello, escribió.