La prohibición, aprobada por el Parlamento Francés en mayo de 2025, obliga a las empresas a obtener del consumidor un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco para poder llamarle.

La empresa deberá explicar claramente quién es, para qué solicita el permiso y durante cuánto tiempo podrá utilizarlo, que no podrá superar un año. El consumidor, por su parte, conservará la capacidad de retirar en cualquier momento su autorización, incluso verbalmente.

La nueva normativa endurece además las sanciones. Una empresa que realice una llamada comercial sin haber obtenido el consentimiento previo podrá enfrentarse a una multa de hasta 375.000 euros por llamada, mientras que para una persona física el máximo será de 75.000 euros.

Si el contacto ilegal desemboca en la venta de un producto o servicio y se considera una práctica comercial engañosa, las sanciones pueden alcanzar 1,5 millones de euros para una empresa o el 10 % de su facturación.

La ley solo contempla dos excepciones: las empresas podrán contactar con sus clientes mientras exista un contrato en vigor y también se permitirá el telemarketing para la venta de suscripciones a la prensa escrita.

No obstante, esta ley entra en vigor con una importante limitación, pues no podrá evitar en la práctica las llamadas fraudulentas, que ya eran ilegales antes de la entrada en vigor de la nueva norma.

Es el caso, por ejemplo, de las falsas ofertas para instalar paneles solares o bombas de calor, así como de las de supuestos asesores bancarios que buscan obtener datos personales o financieros.

Muchas de esas llamadas se realizan desde el extranjero y utilizan, a menudo, números franceses falsificados para ocultar su verdadero origen.

La inteligencia artificial (IA) ha complicado todavía más la lucha contra este fenómeno. Según la cadena francesa BFM, las voces generadas mediante IA permiten automatizar miles de llamadas y mantener conversaciones siguiendo determinados escenarios, con voces cada vez más difíciles de distinguir de las humanas.

El problema ha llevado al regulador francés de las telecomunicaciones, la Arcep, a investigar si los operadores están haciendo lo suficiente para identificar el origen de las llamadas y combatir la suplantación de números.

En 2025 se registraron más de 19.000 alertas relacionadas con llamadas fraudulentas en la plataforma de la Arcep, según los datos citados por BFM, que subraya que los delincuentes que ya incumplían la legislación no tienen ningún incentivo para empezar a respetarla a partir de mañana.