“Mientras haya un recurso ante el Tribunal Supremo, no ejecutaré la sentencia del Tribunal de Apelación. Por lo tanto, Marine Le Pen comenzará su campaña sin pulsera electrónica de seguimiento”, declaró a la televisión TF1.

Precisó que, si el Supremo resuelve el recurso antes de las presidenciales y confirma la condena, Le Pen podría verse obligada a cumplir la pena de arresto domiciliario con vigilancia electrónica durante el resto de la campaña electoral.

“Hasta entonces, vuelve a ser considerada inocente, como cualquier persona condenada (que presenta un recurso). No cabe duda al respecto”, añadió la fiscal general, quien explicó que, si la decisión del alto tribunal llega después de una eventual elección de Le Pen como presidenta de Francia, la ejecución de la condena quedaría aplazada hasta el final de su mandato debido a la inmunidad presidencial.

Sus declaraciones se producen después de que la dirigente ultraderechista anunciara el martes por la noche, durante una entrevista en el informativo de TF1, el de mayor audiencia, el lanzamiento de su cuarta candidatura a la Presidencia y su intención de recurrir ante el Supremo.

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Su abogado, Rodolphe Bosselut, sostuvo hoy que hay “argumentos jurídicos sólidos” para impugnar la condena y adelantó que el recurso se basará, entre otros aspectos, en una supuesta incorrecta aplicación del artículo 432-15 del Código Penal (que tipifica el delito de malversación o desvío de fondos públicos), así como en el principio de previsibilidad del derecho y en la normativa del Parlamento Europeo.

Según el letrado, las prácticas parlamentarias de la Agrupación Nacional no estaban expresamente prohibidas por el reglamento de la Eurocámara en el momento de los hechos.

No obstante, reconoció que la apelación entraña riesgos, aunque señaló que, incluso en caso de confirmarse la condena, podrían estudiarse mecanismos legales para adaptar el cumplimiento de la pena.

Bosselut añadió que, en principio, el recurso no será tramitado mediante un procedimiento acelerado, por lo que todavía no existe una fecha para que el Supremo emita su fallo.

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El Tribunal de Apelación de París condenó a Le Pen en el caso de los asistentes parlamentarios del antiguo Frente Nacional a tres años de prisión, de los cuales dos quedaron en suspenso y uno debería cumplirse bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.

La sentencia incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 45 meses, de los cuales 30 quedaron en suspenso, y los 15 restantes ya han sido purgados, lo que le abre el camino a la carrera por el Elíseo en la próxima primavera.

La sentencia y el recurso contra la misma permite, según Le Pen, que sean finalmente los votantes quienes decidan sobre su futuro político. “Los franceses serán los jueces”, dijo anoche.

La decisión de Le Pen ha provocado reacciones entre varios de sus potenciales rivales.

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El presidente del partido Renacimiento y candidato a las presidenciales, Gabriel Attal, comparó hoy su estrategia con la del presidente estadounidense, Donald Trump, y acusó a la dirigente de intentar presionar al Supremo para retrasar una decisión antes de los comicios.

Por su parte, el ex primer ministro conservador y también aspirante Édouard Philippe sostuvo que Le Pen deberá explicar a los franceses por qué mantiene su candidatura pese a la condena, mientras que el ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve consideró que debería haber renunciado a presentarse por “responsabilidad ética”.

El coordinador nacional de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, acusó a Le Pen de “jugar con fuego” y “blandir una espada de Damocles sobre las presidenciales”, y calificó de “irresponsable” la decisión de mantener su candidatura mientras recurre su condena.