Tras anunciar la congelación del salario de los funcionarios y de las plantillas, el aumento de la fiscalidad de las pensiones más altas o la reducción de ayudas estudiantiles y a la vivienda, algunas de las medidas más polémicas, el Ejecutivo alertó de la situación delicada que atraviesan las finanzas públicas.

Lo hizo consciente de que esas cuentas afrontan a partir de ahora una dura tramitación en el Parlamento, donde el Gobierno no cuenta con mayoría y donde ya son muchos los grupos políticos que han anunciado que le darán la espalda.

"No hay tiempo que perder", aseguró el ministro de Economía, Roland Lescure, apelando a los grupos políticos a la responsabilidad frente a una situación complicada.

El proyecto se impulsó tras conocerse que el país afronta los intereses más elevados de su deuda desde 2002, que obligarán al pago de 79.000 millones de intereses este año y de 91.000 millones el próximo.

Contener el déficit, que en 2026 será del 5,4 %, es la prioridad de las cuentas, según Lescure, que consideró "posible pero muy difícil" cumplir con el compromiso de reducirlo al 3 % en 2029, como se habían comprometido ante Bruselas.

El ministro indicó que las cuentas presentadas son "reversibles", una exigencia en un año electoral, lo que permitirá al ganador de las presidenciales de abril y mayo próximos anular los recortes.

Según el proyecto, los recortes ascienden a 43.000 millones, que alcanzarán los 54.000 que había anunciado precedentemente el primer ministro, Sébastien Lecornu, si se añaden los efectos de algunas medidas adoptadas en los dos últimos años.

Calculado sobre la base de un crecimiento del 1 % del PIB, el presupuesto prevé 9.000 millones de recortes en los gastos de la administración central, con descenso en todos los ministerios menos en defensa, el que más incrementa su dotación con 6.400 euros suplementarios, interior y justicia, además de educación, que ve crecer sus partidas en 1.000 millones, con la contratación de más de 3.000 docentes.

Una decisión destacada por el Ejecutivo en medio de una creciente protesta estudiantil en los institutos y universidades del país, pero matizada por el hecho de que el proyecto prevé la reducción de las ayudas a la vivienda para estudiantes y el aumento de matrículas.

La congelación del sueldo de los funcionarios y el recorte de plantillas, la subida de ciertos impuestos patronales, de las tasas a los concesionarios de autopistas y aeropuertos, la extensión a los alimentos más azucarados del impuesto que pesa ya sobre los refrescos o el descenso de las ayudas a las energías renovables son otros de los elementos de recorte.

Para reducir el déficit de la seguridad social de forma drástica, el proyecto incluye una medida polémica: el fin de la desgravación de las pensiones de más de 3.000 euros y la congelación de las que superen los 1.260 euros. Con ello se espera ahorrar unos 5.500 millones.

Junto a ello, se recorta la subvención a ciertos cuidados médicos y el pago de algunos medicamentos.