El Ministerio Público desestimó en la tarde de ayer la denuncia contra la hija del vicepresidente de la República quien se desempeña como Coordinadora de Liquidación de Personal Permanente de la Cámara de Diputados, Montserrat Alliana Encina, al supuestamente no poder determinar que se incurrió en “tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios y/o lesión de confianza. Alliana en la mañana de ayer ya “predijo” la decisión.

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Sí imputó, aunque apenas por el delito de “cobro indebido de indebido de honorarios” (por presunto planillerismo) a la diputada Roya Torres y su hijo Elías Godoy Torres, y al diputado Cleto Giménez, junto a sus dos hijas: Danna Maricela y Johana Denisse Giménez Rotela.

La Fiscalía en su desestimación justificó a Montserrat Alliana, que el 22 de septiembre del 2023 había sido nombrada sin concurso con rango de “asesora”, argumento con el cual se la eximió por haber entrado por la venta de la mano del presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre.

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Un hecho llamativo es que el Ministerio Público constató que Alliana cobró de manera irregular su salario completo (de más de G. 18 millones) el mes de octubre, pese a que no trabajó los primeros 11 días. Sin embargo, la eximieron de presunta lesión de confianza porque dos meses después, supuestamente la joven “se dio cuenta” de la irregularidad y pidió que se le descuente.

De forma llamativa, el vicepresidente Alliana fue consultado sobre el caso ayer a la mañana, tras el acto de asunción del presidente del Senado, el cartista Basilio “Bachi” Núñez y ya vaticinó la decisión. “Es un cargo de confianza, hoy está en manos de la Justicia y esperemos que prontamente se pueda definir. Hemos aclarado que no es ningún caso de nepotismo ni tráfico de influencias. Yo en ningún momento le pedí al presidente (de Diputados Raúl Latorre) que la contrate, tampoco influencié en nada”, justificó Alliana.

Convenientemente, ni Alliana ni la Fiscalía tuvieron en cuenta una posible injerencia de parte de la pareja de Alliana, la diputada Fabiana Souto de Alliana, quien no es madre de Montserrat.

En el caso la diputada Roya Torres (PLRA, A) y su hijo y “asesor” de apenas 19 años, Elías Godoy Torres, la Fiscalía constató que según el formulario de “Comisión de Servicios”, firmados por su madre para justificar su falta de marcación, se hizo constar supuestas gestiones en las oficinas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el Hospital Regional de Ciudad del Este, entre otros, y todas estas confirmaron que no tenían registro la gestión alguna realizada por su hijo.

Además, las celdas de celular ubicaron al joven en su casa, los días y horarios que supuestamente debería estar realizando trámites. Se investiga el cobro de unos G. 50.666.660.

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Situación similar con las hermanas Danna y Johana Giménez, a quienes incluso hicieron figurar supuestos trámites en ciudades como Villa Ygatimí, Salto del Guairá, Yby Pytã y Yasy Cañy, mientras su celulares las ubicaban en Curuguaty. Investigan cobro irregular de G. 55.916.660 y G. 21.450.000, respectivamente.