Al concluir el alegato, el Ministerio Público informó de que pidió al Tribunal "que declare la culpabilidad de los procesados y les imponga la pena máxima, con las agravantes correspondientes, por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala".

Esa pena podría ser de "seis años, nueve meses", dijo a EFE Ramiro García, abogado de Álvarez, al anotar que -según lo previsto- este domingo terminan los alegados de clausura tanto de la acusación como de la defensa, y que el juez "no tiene un tiempo determinado para emitir su decisión".

La Fiscalía también pidió la disolución y clausura definitiva de las seis empresas procesadas, el pago de multas y la reparación integral, tanto material como inmaterial.

El alcalde de la ciudad más poblada del país está incluido, junto a otras 20 personas y empresas, en una investigación que nació en julio 2024, a raíz de una denuncia de la estatal Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), por supuestas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado por parte de algunas empresas de su negocio familiar.

Esto habría causado un perjuicio de 61,5 millones de dólares, al supuestamente haber sido comercializados en zonas fronterizas a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales, de acuerdo a la Fiscalía.

La Agencia también informó de supuestas incoherencias administrativas en algunas estaciones de servicio que supuestamente llegaron a vender más galones de diésel de los que podían almacenar de forma autorizada.

Durante el juicio Alvarez explicó cómo operaban sus empresas y negó el supuesto desvío o contrabando de combustible.

El alcalde también está en la cárcel por otros dos casos, uno por supuesto lavado de dinero, también relacionado con su negocio familiar, y por la supuesta manipulación y retiro del grillete electrónico que se le había ordenado llevar desde 2025 como medida alternativa a la prisión preventiva.