El juicio oral y público al exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac por cohecho pasivo agravado (coima) prosigue hoy con la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público, oportunidad en que el fiscal de delitos económicos y anticorrupción Luis Piñánez solicitó una condena de seis años de cárcel para el exintegrante de la sala civil y comercial.

El agente fiscal solicitó igualmente la condena de cuatro años de pena privativa de libertad para el funcionario judicial que actuó de intermediario, Rafael Luis María Ramírez Doldán.

Este juicio oral y público está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Rossana Maldonado e integrado por Juan Francisco Ortiz e Inés Galarza y continúa con la presentación de los alegatos de la defensa.

“La causa de Miguel Bajac es donde él solicitó sumas de dinero a cambio de otorgar un beneficio procesal a unas personas que eran parte en un proceso civil. Este fue a la sala civil y es ahí cuando se pidió una suma de dinero y se desnudó ahí un esquema de corrupción”, explicó el fiscal Piñánez.

Testigo complica al exministro Bajac en juicio oral por supuesta coima

“En un principio, la denunciante refiere que se reunió con Miguel Óscar Bajac y él le dijo que para ayudarle -porque había caído en la Corte el expediente de una firma que ella representaba, Cal Agro SA (que demandaba al Estado, concretamente a la Industria Nacional de Cemento)- Bajac le propone que vaya a un estudio jurídico y firme unos poderes, a los efectos de esta manera, ofrecer la solución que ellos querían: ganar el juicio. Y en una de las cláusulas, en el supuesto pago de honorarios, se simulaba la coima supuestamente”, indicó el agente fiscal.

Según MP, Miguel Óscar Bajac habría pedido coima de US$ 50.000

Según la acusación fiscal, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, Miguel Bajac, entonces ministro de la Corte, solicitó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta –esta última dueña de la firma Cal Agro SA– el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de la referida empresa contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por G. 3.700.000.000.

Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió US$ 50.000, y en procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 cayó el facilitador Luis Ramírez con una coima de G. 50 millones. Tras esto, Bajac cambió su voto y lo emitió contra el empresario.

Según la acusación de los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñánez, el entonces ministro Bajac se reunió en varias ocasiones, en su despacho, con el denunciante.