
Fiscalía ignora que firma contratada por Jiménez Gaona desató la crisis del metrobús
A finales de marzo de 2016, el extitular del ...
A finales de marzo de 2016, el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, firma el contrato con la empresa portuguesa Mota Engil, por US$ 54 millones, para ejecutar el corredor central del metrobús, de 12 km (tramos 2 y 3).
La firma extranjera, que recién llegaba sin contar en el país con maquinaria propia para ejecutar el proyecto, tuvo autorización del propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de Jiménez Gaona, a subcontratar a la empresa Ocho A, entonces administrada por el actual senador Luis Pettengill, para ejecutar la obra, lo que se estableció en el propio contrato firmado.
Posteriormente, Ocho A abandonó el proyecto porque la firma portuguesa no le pagaba por los trabajos ejecutados, según indicó en su momento el propio Pettengill en entrevista con este diario. El empresario y hoy político también afirmó que Mota Engil acumuló deudas con varias firmas, ya que subcontrató prácticamente toda la obra, pese a que el contrato no permitía delegar la totalidad de los trabajos.
Desde el inicio, el principal conflicto fue el lento avance de las obras y los frentistas pusieron en duda, en más de una oportunidad, la capacidad de la firma foránea. Además, el MOPC nunca pudo liberar completamente la franja de dominio, luego de que la Procuraduría General de la República del gobierno de Cartes, emitiera un dictamen señalando que los trabajos podían avanzar sin indemnizar previamente a los propietarios afectados. La ejecución se forzó en esas condiciones, mientras numerosos comercios quebraban, generando millonarios perjuicios e incluso —según denunciaron afectados— la muerte de frentistas por la angustia provocada por la situación.
Mota Engil suspendió obras tras salida de Jiménez GaonaEn agosto de 2018 la crisis se hizo evidente, pues apenas dejó el cargo Jiménez Gaona, la empresa Mota Engil comunicó al MOPC la suspensión de los trabajos, alegando que solo había accedido al 40% del área de obras por la falta de liberación de la franja, lo que hacía imposible cumplir con el plazo contractual de entrega, fijado para el 23 de diciembre de ese año. La firma también reclamó deudas por parte del Estado.
Arnoldo Wiens se enteró de esta situación en su primer día como ministro, lo que lo obligó a instalar una “mesa de crisis” del proyecto metrobús. El entonces nuevo titular del MOPC recibió la notificación de la suspensión el 16 de agosto de 2018, aunque el documento tenía fecha del 13 de agosto y estaba dirigido a Jiménez Gaona. El gobierno de Cartes no informó de la situación al equipo de transición del entonces presidente electo Mario Abdo Benítez.
Todas las decisiones que tomó Wiens en el caso fue tras la suspensión de las obras por parte de la empresa que contrató Jiménez Gaona y desde ese momento se desató la crisis de la malograda obra. El exministro incluso denunció públicamente, desde la zona de obras, el abandono de los trabajos por parte de la empresa.
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Luego de negociaciones con la contratista, el 23 de octubre de 2018, el MOPC y Mota Engil firmaron un acta de entendimiento mediante el cual se suspendieron las obras debido a la falta de permisos de la Municipalidad de Asunción para avanzar en el tramo 2, comprendido entre Calle Última y el Mercado 4. El Gobierno de Cartes nunca consiguió este permiso.
En el documento citado también se dejó constancia de avances en el tramo 3 —desde el campus de la Universidad Nacional de Asunción hasta Calle Última— en los sectores donde hubo acceso, pero ambas partes concluyeron que la solución más conveniente, tanto para el contratante como para el contratista y la población afectada, era suspender el proyecto conforme a las condiciones previstas en el contrato.
Asimismo, se acordó que Mota Engil ejecute los trabajos mínimos necesarios para habilitar el tránsito vehicular en el tramo 3 (Fernando de la Mora y San Lorenzo).
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Fiscalía ignora que suspensión de contratista generó la crisisPara imputar a Wiens, el Ministerio Público sostiene que el exministro, al asumir en agosto de 2018 como titular del MOPC, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil. Sin embargo, ignora que cuando Wiens llegó al cargo, la empresa contratista ya comunicó la suspensión de los trabajos e incluso abandonó la zona de obras por la imposibilidad de continuar debido a la falta de acceso a la zona de obras, un problema que el gobierno de Cartes no había subsanado.
Asimismo, la Fiscalía también destacó el “acta de entendimiento” que se rubricó con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús, sosteniendo que dicha decisión paralizó la obra y agregó tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior demolición de lo ya ejecutado. Una vez más ignoran que la suspensión fue comunicada primero por la propia empresa, lo que originó la crisis del plan.
En cuanto a las tareas ajenas al contrato, la Fiscalía también pasó por alto que durante la gestión de Jiménez Gaona, a través de su viceministra Marta Benítez, se incrementó en un 35% el precio de la obra mediante una adenda, elevando el monto del contrato a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones) para trabajos que no estaban previstos originalmente.
Mientras tanto, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien firmó el contrato y no pudo liberar la franja de dominio ni conseguir los permisos municipales necesarios para que los trabajos avanzaran, situación que terminó en el fracaso del proyecto.
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Cómo se llegó a la rescisión del contrato y la demolición de “paradas”El 5 de febrero de 2020, el exministro Arnoldo Wiens comunicó a Mota Engil el inicio de los trámites para la terminación del contrato del metrobús, a más de un año de la paralización de las obras. El MOPC también inició el proceso de ejecución de la póliza de cumplimiento del contrato y de la garantía del anticipo, por un total de unos US$ 13 millones.
La póliza de cumplimiento correspondía a Royal Seguros, firma vinculada en ese entonces a Juan Carlos López Moreira, exjefe de Gabinete del expresidente Horacio Cartes.
Según el MOPC, la rescisión se produjo luego de que la empresa Mota Engil se negara a prorrogar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, al considerar arbitraria la exigencia de renovación con 28 días de anticipación, como establecía el contrato. También se negó a reparar defectos detectados en la obra, lo que constituyó incumplimientos graves, según el MOPC.
Tras la rescisión, en abril de 2020 el MOPC demolió con maquinaria estatal las estructuras inconclusas, que debieron ser las paradas del metrobús; que son seis bloques de hormigón construidos en el medio de la avenida en el tramo comprendido entre Calle Última y la zona del campus de la UNA, en San Lorenzo, con el objetivo de rehabilitar la vía. Los pobladores venían clamando la rehabilitación de la arteria, donde varios comercios quebraron.
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El entonces procurador general de la República, Sergio Coscia, señaló que la demolición se realizó con base en informes técnicos previos sobre el estado de las estructuras. Afirmó que esos informes garantizaban que no habría inconvenientes para la investigación fiscal ni para eventuales arbitrajes internacionales.
Sobre este punto, en el acta de imputación de Wiens, la fiscalía sostiene que antes de la intervención del exministro, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40% y que por las “paradas” demolidas el Estado pagó G. 6.924.624.006, que es el monto del posible daño patrimonial.
El MOPC pagó aproximadamente US$ 30 millones a Mota Engil por las obras ejecutadas, la mayor parte ejecutada durante el Gobierno de Cartes. La empresa realizó trabajos —sin concluir— en unos 4 kilómetros de los 12 kilómetros previstos para el corredor central del metrobús en los tramos 2 y 3, que no pudo concluir porque ni siquiera consiguieron los permisos para ingresar a Asunción.
