El lugar está ubicado en Dr. Paiva entre Coronel Francisco López y Mariano Roque Alonso del barrio San Antonio. Históricamente, es conocido por ser el cuartel de los bomberos de la Policía Nacional.

Un lugar que pasó por muchas manos

Este sitio perteneció a la Municipalidad de Asunción hasta 1978. A partir de ese año, la comuna se lo cedió al Ministerio del Interior y en 1985, empezó a construirse la estructura interna que presenta hasta ahora.

En el año 2002, cuando el Ministerio Público, que hasta ese momento funcionaba en uno de los pisos del Poder Judicial, se muda a la sede actual de Chile y Rodríguez de Francia, el entonces presidente de la República; Luis Ángel González Macchi ordenó la transferencia de ese inmueble en favor de la fiscalía.

Cómo nunca hubo una intención del nuevo dueño de ocupar ese lugar, la policía siguió ocupándolo hasta mayo del 2023, cuando el actual Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández solicitó el usufructo.

Construir para ahorrarse alquileres

La idea de Rolón Fernández era centralizar allí a dependencias de la fiscalía que operan en sitios alquilados.

“En el sitio había dos casas de material que podrían funcionar como oficinas. También había varios tinglados que eran los talleres de la Policía Nacional, la policía motorizada y los bomberos”, detalló Gunther Krone, vocero de la fiscalía.

Desde la cartera que dirige Enrique Riera, solicitaron un tiempo para reubicar a estas unidades de la Policía. La promesa de devolución del inmueble estaba pactada para finales de julio e inicios de agosto.

Se llevaron todo

Ayer, el propio fiscal general del Estado llegó hasta el lugar para verificar cómo avanzaba la mudanza y descubrió que el sitio estaba siendo desmantelado.

“Nos encontramos con situaciones que van mucho más allá de lo que pueden ser daños normales ocasionados por una mudanza”, adelantó Krone.

Durante la verificación, se constató la desaparición de techos de zinc, paredes de mampostería, además de marcos y puertas que fueron derribadas. “Encontramos que ni siquiera la estructura que sostenía un tinglado, se encontraba en el sitio”, puntualizó el vocero.

La situación generó preocupación ya retrasa todo el calendario de mudanza que tenían previsto. “No hay techos, no hay tejas, no hay mamposterías, no hay vigas, no hay elementos sanitarios (porque allí había varios baños)”, agregó Krone.

Medidas a tomar

El vocero de la fiscalía dijo que se realizarán investigaciones para determinar si esta situación se dio por una decisión administrativa del morador del lugar (el Ministerio del Interior) o si fue a consecuencia de una posible invasión de “chespis” que ingresaban aprovechando el descuido de los guardias para hurtar bienes.

En horas de la tarde, fue abierta una causa penal para investigar la presunta destrucción de bienes públicos en dicho inmueble, la cual fue asignada por sistema aleatorio a la Unidad Penal Barrial N.° 3, a cargo de la fiscal Andrea Vera Aldana.

Las primeras diligencias estarán orientadas a la recolección de evidencias, la cuantificación de los daños ocasionados y la identificación de los presuntos responsables de la destrucción de bienes que finalmente pertenecen al Estado.