La fiscal Noelia Soto formalizó la acusación contra un comisario de la Policía Nacional y agente de Interpol, por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, previsto en el artículo 135a del Código Penal.

La acción procesal se concretó tras seis meses de investigación fiscal, período en el cual —según la representante del Ministerio Público— se reunieron suficientes elementos probatorios para solicitar la elevación de la causa a juicio oral y público.

El caso involucra a una menor de edad, lo que motivó que gran parte del proceso se mantenga bajo estricta reserva, en cumplimiento de las normas de protección integral de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el relato fiscal, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada desde el año 2021 en el departamento del Guairá, intensificándose con el paso del tiempo.

A partir de la denuncia del caso se activaron los protocolos de intervención del Ministerio Público y del Departamento de Atención a Víctimas, mencionó la fiscal.

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Durante la etapa investigativa, la Fiscalía recogió declaraciones testificales, informes psicológicos y dictámenes médicos forenses que, según la acusación, acreditan la existencia del hecho punible, entre otros datos clave.

La fiscal Noelia Soto dijo que la conducta atribuida al acusado configura un hecho típico, antijurídico y reprochable, destacando que no se constató ninguna causal de justificación y que el imputado tenía plena capacidad de comprender la ilicitud de sus actos.

En cuanto a la situación procesal, el comisario continúa cumpliendo prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, medida que fue dispuesta por el Juzgado Penal de Garantías de Villarrica, a cargo del magistrado Marcelo Ramírez, ante la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.

Uno de los puntos que generó fuerte controversia pública fue el ofrecimiento de una fianza millonaria por parte de una magistrada cercana al acusado, situación que fue cuestionada por la querella y generó sospechas de posible injerencia en la causa.

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La Fiscalía, sin embargo, ratificó su postura y avanzó con la acusación, solicitando la admisión de todas las pruebas documentales, testimoniales y periciales reunidas durante la investigación. Entre las pruebas ofrecidas figuran informes médicos forenses, evaluaciones psicológicas, informes asistenciales y las declaraciones de la víctima, familiares y profesionales intervinientes.

Con la acusación presentada, el Juzgado Penal de Garantías deberá fijar fecha y hora para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá la elevación definitiva de la causa a juicio oral y público.

El nombre del procesado y demás datos se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe brindar informaciones o divulgar fotografías que pudieran identificar a menores víctimas o autores de hechos punibles.