La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó de la demanda contra el Departamento de Educación y su secretaria, Linda McMahon, en la que reclaman impedir de forma preliminar y permanente el recorte a esta financiación "crucial" y proteger la infraestructura de salud mental juvenil que esta permitió crear.

Los fondos se aprobaron en respuesta al empeoramiento de la crisis de salud mental juvenil y a una serie de tiroteos escolares, incluidos los de la secundaria Douglas Parkland (Florida), donde perdieron la vida 17 personas, y la elemental de Uvalde (Texas), donde murieron 19 niños y dos maestros.

El pasado diciembre, la coalición de fiscales se apuntó una victoria cuando un tribunal frenó un intento previo del Gobierno Trump de recortar los fondos para los programas de salud mental, pero ahora, el Departamento de Educación está usando un método diferente, señaló James.

Tras aquella derrota en los tribunales, Educación proporcionó financiación para aproximadamente seis meses a las escuelas y otros beneficiarios, pero anunció que planea cancelar algunas o todas las subvenciones protegidas a partir del 31 de julio.

Según los fiscales, el Gobierno está violando la Ley de Procedimiento Administrativo, las regulaciones federales sobre subvenciones y la autoridad del Congreso con su nuevo intento de eliminar fondos.

En 2018, tras el tiroteo en la escuela en Parkland, el Congreso estableció y financió el Programa de Subvenciones para la Demostración de Servicios Profesionales de Salud Mental (MHSP) para abordar la escasez de estos profesionales en escuelas públicas con alta necesidad.

En 2020, el Congreso amplió estos esfuerzos con el Programa de Subvenciones para Servicios de Salud Mental en las Escuelas (SBMH), que proporcionó fondos para ayudar en la contratación, capacitación y retención de este personal.

Tras el tiroteo de 2022 en Uvalde, aumentó drásticamente la financiación, con más de 100 millones de dólares anuales para cada uno de los programas hasta 2026.

Cada programa se diseñó como una iniciativa de cinco años con la meta de incorporar 14.000 profesionales de la salud mental, particularmente en zonas rurales y de bajos ingresos donde los estudiantes suelen afrontar dificultades para acceder a esos servicios, destacó James.

Los programas han demostrado un "éxito tangible", afirmó la fiscal, que mencionó datos que señalan que tan solo en el primer año casi 775.000 estudiantes recibieron servicios, se contrataron más de 1.200 profesionales de la salud mental y se mantuvo al 95 % de ellos.

La fiscal indicó que los recortes amenazan con eliminar 19 millones de dólares en subvenciones para Nueva York.