"Queda visto para dictar sentencia", dijo la presidenta del tribunal Teresa Palacios, quien dio por concluido este juicio, que comenzó el pasado 6 de abril y que ha sentado en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) por presuntamente ordenar la puesta en marcha de este operativo para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación y grabaciones comprometedoras para el partido y sus dirigentes.

Después de ocho años de investigación, este juicio en la Audiencia Nacional española lleva ante la justicia, entre otros, al exministro de Interior con el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; además de otros cargos policiales de la época y al exchofer de la famila Bárcenas, al que supuestamente captaron como confidente.

Fernández Díaz y Martínez están acusados de dar la orden de espiar al extesorero, Luis Bárcenas, por medio de este operativo para sustraerle esas posibles pruebas sensibles para el partido, hechos que ellos niegan y por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel.

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta el excomisario de la Policía José Manuel Villarejo.

Villarejo ha cuestionado nuevamente en sus últimas palabras en el juicio el origen del caso en su contra y sobre sus grabaciones ha dicho que no tenían intención aviesa, sino que las hizo como agente de inteligencia y ha lamentado el daño que haya podido hacer a quienes se han visto "incursos en ello". "No dejan de ser comentarios y tal en ambientes distendidos", ha apuntado.

"Clemencia y justicia" ha pedido por su parte Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, que enfrenta una petición de 12 años de cárcel y que logró un puesto como policía, aunque está suspendido de empleo y sueldo por este caso.

Según su alegato, jamás tuvo conocimiento de "ilegalidad alguna" y permitió que mirasen su propio móvil creyendo siempre en un "operativo lícito totalmente".

El tribunal deberá ahora deliberar y dilucidar si la cúpula de Interior orquestó una operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para los dirigentes del PP.

En total, diez acusados de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial para sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido y a algunos de sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel (red de corrupción política) y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Los acusados han defendido la legalidad de la operación y que el objetivo era recuperar el dinero oculto del extesorero del PP y obtener información sobre posibles testaferros.

Este asunto, conocido como caso Kitchen, cuya investigación comenzó en 2018, fue también objeto de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que consideró probado, "al menos indiciariamente", que el expresidente Mariano Rajoy conocía la trama policial de espionaje a Bárcenas.