El senador Rafael Filizzola del Partido Democrático Progresista (PDP) calificó de “disparatada e inconstitucional” la intención del proyecto de ley que busca castigar con hasta 10 años de prisión supuestos hechos de “terrorismo financiero”. El legislador advirtió que la iniciativa podría restringir la libertad de expresión y frenar las denuncias sobre presuntas irregularidades en el Banco Central del Paraguay (BCP) y Ueno Bank.

La propuesta que pretende ser presentada por el diputado Alejandro Aguilera, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), del movimiento Honor Colorado, quien integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Filizzola vinculó el planteamiento con la controversia por los pedidos de informes al BCP sobre la fusión de Ueno Bank con Visión Banco, los criterios utilizados para calcular su solvencia y las actuaciones de supervisión de la entidad financiera.

“Es una ley que es claramente inconstitucional”, afirmó el senador, quien sostuvo que la Constitución protege el derecho a cuestionar las decisiones de las autoridades y las instituciones públicas.

Filizzola advierte sobre una amenaza a la libertad de expresión

El legislador cuestionó que se plantee una pena de hasta 10 años de prisión por conductas que, según advirtió, podrían terminar alcanzando críticas dirigidas al Banco Central y a sus autoridades. “¿Cómo 10 años de cárcel?”, expresó Filizzola, al cuestionar la severidad de la sanción propuesta.

El senador argumentó que la libertad de expresión ampara las críticas al presidente de la República, los parlamentarios, los jueces y otros funcionarios públicos. Por eso, consideró inadmisible que el titular del BCP pueda quedar al margen del escrutinio ciudadano.

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“Resulta ser que ahora el Banco Central es intocable, es una especie de oráculo al que no se le puede decir nada”, cuestionó.

Filizzola también comparó el planteamiento con prácticas autoritarias de épocas monárquicas, cuando criticar al gobernante podía acarrear castigos. “Es lo más autoritario que he escuchado y lo más disparatado e inconstitucional que se puede plantear”, insistió.

Las afirmaciones corresponden a la posición del senador. La eventual inconstitucionalidad del proyecto deberá evaluarse a partir de su texto y de las garantías constitucionales aplicables.

La polémica por el BCP y Ueno Bank

Filizzola sostuvo que la iniciativa legislativa aparece en medio de los reclamos para que el Banco Central entregue documentación sobre la situación financiera de Ueno Bank y la fusión con Visión Banco.

El senador afirmó que existen documentos que fueron omitidos en respuestas anteriores a pedidos de informes parlamentarios y que volvió a solicitar los antecedentes en una reunión reservada.

También mencionó información publicada por medios internacionales y evaluaciones de organismos y entidades financieras, al señalar que el debate sobre la situación de la banca no puede limitarse mediante restricciones a las críticas.

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“Lo que dejan en evidencia es que el poder político está presionando para que se deje de hablar de este tema”, manifestó.

A criterio del legislador, la discusión involucra tanto recursos públicos como los ahorros de particulares. Por ello, reclamó transparencia y medidas correctivas en lugar de iniciativas que, según advirtió, podrían desalentar las denuncias.

Filizzola agregó que, si determinados datos están protegidos por el secreto bancario, las autoridades pueden recurrir a las reservas legales correspondientes sin impedir el acceso a la información que pueda divulgarse.

Se cuestiona la adjudicación de frecuencias 5G a Nubicom

En otro tramo de sus declaraciones, el senador cuestionó la adjudicación de frecuencias para tecnología 5G a Nubicom Paraguay S.A., operadora que obtuvo una licencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para desplegar e implementar esa tecnología en el país.

Filizzola afirmó que la empresa no habría acreditado oportunamente todos los requisitos que, a su juicio, correspondían para participar en el proceso. Entre sus cuestionamientos mencionó la presentación fuera de plazo, la capacidad de capital y la cantidad de clientes.

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Además, vinculó a la compañía con intereses empresariales cercanos al presidente Santiago Peña y criticó que otras operadoras con mayor cantidad de clientes quedaran fuera de la adjudicación. “Ni siquiera a la empresa estatal le dieron la frecuencia 5G”, señaló.

El legislador sostuvo que las decisiones sobre el espectro radioeléctrico tienen importancia estratégica para el país, debido a su impacto en la competencia, la conectividad y la calidad de los servicios de internet.

Estas críticas constituyen la postura de Filizzola y deben contrastarse con las condiciones oficiales de la licitación, los antecedentes de Conatel y las respuestas de las empresas involucradas.