El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), presentó un proyecto de resolución que busca dejar sin efecto la declaración con la que la Cámara de Senadores manifestó su preocupación por la falta de pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre una recusación planteada en la causa conocida como Banco Atlas-Conmebol-Leoz.

La iniciativa tuvo entrada en la sesión ordinaria del Senado realizada el día de ayer y fue girada a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento para su estudio.

El proyecto apunta a revertir la declaración aprobada el 29 de septiembre de 2026, presentada sobre tablas por el senador Dionisio Amarilla y sancionada sin lectura ni debate.

¿Por qué Filizzola cuestiona la declaración del Senado?

En la exposición de motivos, Filizzola sostiene que el pronunciamiento del Senado vulnera el artículo 248 de la Constitución Nacional, que garantiza la independencia del Poder Judicial y prohíbe que los miembros de otros poderes intervengan en los juicios.

El legislador argumenta que la declaración no se limitó a expresar una preocupación general sobre el funcionamiento de la Justicia, sino que se refirió a un incidente procesal concreto que se encuentra pendiente de resolución ante un órgano jurisdiccional determinado.

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A su criterio, que el Congreso manifieste preocupación por la demora en resolver una recusación específica puede constituir una forma de presión institucional sobre los magistrados, independientemente de la intención de los promotores de la declaración.

El proyecto también cuestiona que el pronunciamiento original haya incluido una salvedad para aclarar que no implicaba una valoración sobre la procedencia de la recusación ni sobre el sentido de la decisión judicial.

Para Filizzola, esa aclaración no subsana el problema constitucional, porque el Senado igualmente se pronunció sobre una cuestión que corresponde resolver exclusivamente a los órganos jurisdiccionales.

¿Qué establece el artículo 248 de la Constitución?

El artículo 248 de la Constitución Nacional protege la independencia del Poder Judicial y establece que los miembros de los otros poderes del Estado no pueden intervenir de ningún modo en los juicios.

La disposición también contempla consecuencias para los actos que vulneren esa independencia y establece la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años consecutivos para quienes atenten contra ella.

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Filizzola considera que el carácter no vinculante de una declaración legislativa no la exime de respetar las restricciones constitucionales.

En ese sentido, plantea que el Congreso cuenta con mecanismos para promover mejoras generales en el servicio de Justicia, mediante la legislación procesal y el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, pero no para pronunciarse sobre causas específicas que continúan en trámite.

La reconsideración que quedó sin votarse

En la misma sesión del 29 de septiembre, se había planteado una moción de reconsideración de la declaración, con fundamento en el artículo 248 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la propuesta no llegó a votarse porque la sesión fue levantada por falta de quórum.

Un grupo de 13 cartistas abandonó la sala de sesiones antes de que el proyecto sea puesto a consideración del pleno.

Ante esa situación, Filizzola sostiene que corresponde que el Senado corrija su propio acto y deje sin efecto la declaración, al tratarse de una manifestación de opinión y no de una norma.

El objetivo, según la exposición de motivos, es resguardar la separación, el equilibrio y el control recíproco entre los poderes del Estado, principios contemplados en el artículo 3 de la Constitución Nacional.

¿Qué plantea el proyecto de resolución?

La iniciativa consta de tres artículos. El primero propone dejar sin efecto la declaración aprobada el 29 de septiembre de 2026.

El segundo establece que la resolución deberá comunicarse a la Corte Suprema de Justicia, en caso de que la declaración original ya le haya sido remitida.

El proyecto deberá ser estudiado por las comisiones correspondientes antes de que el Senado determine si deja sin efecto el pronunciamiento cuestionado.