El ente acusa a Marcoleta ante un tribunal especial filipino para casos de corrupción de los delitos de "saqueo" y "soborno" vinculados a una presunta malversación de unos 75 millones de pesos filipinos (1,2 millones de dólares o más de 1 millón de euros) procedentes de fondos de campaña electoral en 2025.

El tribunal, conocido como Sandiganbayan, tiene que decidir si emite o no una orden de arresto contra Marcoleta, de 72 años, por el delito de "saqueo", que podría derivar en su encarcelamiento inmediato sin derecho a fianza.

"Los hechos no están en disputa, el senador ha confirmado públicamente haber recibido el dinero (...). Lo que queda (por comprobar) es una cuestión de derecho: si estos hechos indiscutibles constituyen saqueo y soborno", apuntó el defensor del pueblo en un comunicado.

De producirse su arresto, el clan político de la familia Duterte contaría con el apoyo de nueve senadores en el juicio político contra la vicepresidenta, dijo a EFE Ronald Holmes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad filipina De La Salle, proceso que en principio arrancará el lunes.

Marcoleta, a quien miles de manifestantes mostraron su apoyo el martes en Manila, defiende su inocencia y asegura que la acusación forma parte de un "esfuerzo coordinado" para impedirle participar en el juicio político contra Duterte, acusada de corrupción y abuso de poder, quien ya avanzó que se postulará a las elecciones presidenciales de 2028.

Los miembros del Senado, compuesto por 24 legisladores, actúan como jueces en este proceso.

Para condenar a la hija del exdirigente Rodrigo Duterte (2016-2022), se requiere una mayoría de dos tercios del Senado, que resultaría en una inhabilitación de por vida para ocupar un cargo público, mientras la absolución solo necesita nueve votos.

Los aliados de los Duterte tienen suficiente influencia en la Cámara como para dificultar la destitución, aunque este poder se ha venido debilitando en los últimos meses, tras la detención del senador Jinggoy Estrada, la fuga de Ronald 'Bato' de la Rosa y, ahora, la posible detención de Marcoleta.

Sara Duterte fue elegida vicepresidenta en las elecciones de 2022, a las que concurrió en tándem con el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., pero la alianza se deterioró rápido y alcanzó su punto más critico en 2024, cuando la número dos del Gobierno afirmó públicamente haber ordenado matar al jefe de Estado si ella misma era asesinada.