“Que haya respuesta. Libertad para todos los presos políticos”, se leía en una gran pancarta que portaban los familiares, concentrados en la plaza O’Leary, próxima al Palacio Presidencial de Miraflores, adonde las manifestaciones disidentes tienen prohibido llegar y que permanecía bajo custodia de un contingente policial.

Sin embargo, una comisión de tres miembros del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clipp) fue recibida por representantes del Despacho de la Presidencia a fin de conocer sus solicitudes.

“Nos atendieron detrás de un vidrio por pocos minutos y adicional, la persona que nos atendió ni siquiera tenía cortesía ni amabilidad”, dijo a la prensa Hiowanka Ávila, miembro del Clipp, tras salir de la reunión con el despacho, e indicó que los familiares sienten que “no hay voluntad para atender los casos de los presos políticos”.

La manifestación, que hizo parte de una ruta que iniciaron las familias esta semana por instituciones como la Defensoría y la Fiscalía, se dio en momentos en que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, se encuentra visitando Surinam para estrechar la cooperación económica.

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“Estamos (...) exigiendo que la presidenta encargada nos dé respuestas a las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos que no han sido contestadas ni investigadas por las instituciones del Estado. Estamos aquí para denunciar que, a pesar de los reiterados discursos de liberación, hoy somos más de 400 familias que todavía tenemos presos políticos”, dijo a EFE Andreína Baduel, también integrante del Clipp.

“La presidenta encargada ha dicho muchas veces que quiere reconciliar el país (...) que va a haber libertad y cuando te remites a los hechos siguen revictimizándonos”, continuó la joven, hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez y quien murió en prisión.

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero último, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

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Aunque esa norma benefició a más de 8.000 personas, según los datos del Gobierno, la mayoría de los amnistiados estaban en libertad restringida y no en prisión.

Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, aún hay 328 detenidos en el país.