“Ya han pasado 15 años de esta tragedia, no lo olvidemos. Solamente ha sido uno sentenciado por la causa principal y uno más por causas acumuladas”, dijo.

Ante este panorama, los familiares de las víctimas exigieron que se haga justicia por las 52 personas que fueron asesinadas, entre ellas dos mujeres embarazadas.

El 25 de agosto de 2011 un comando armado supuestamente del Cartel de los Zetas le prendió fuego al Casino y bloqueó los accesos al local con varias personas adentro.

 Según versiones oficiales, el móvil del ataque fue porque el dueño del casino se negó a pagar extorsiones a los integrantes del grupo criminal.

“El llamado que siempre hemos hecho es que las personas que cometieron estos actos atroces cumplan con la sociedad que tengan que pagar estos actos tan graves y bárbaros que realizaron”, señaló Pérez Muñiz.

El atentado se registró en la época más álgida de la lucha del Gobierno federal contra el crimen organizado durante la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

En el marco del 15 aniversario luctuoso, los familiares acudieron al memorial que se erigió en su honor para realizar un acto religioso y colocar ofrendas florales.

Durante el acto, Pérez Muñiz también resaltó que presentaron un amparo porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pretende concluir la recomendación que se emitió por los hechos.

Cuestionó que se busque esta medida, "mientras continúan abiertos los procesos penales y falta información para las familias y subsisten obligaciones de verdad, justicia, reparación y memoria".

Detalló que el asunto se encuentra judicializado y avanzó a la etapa de revisión ante un Tribunal Colegiado.

Del total de victimarios, cuatro permanecen en instrucción, seis con reposición del procedimiento, once con sentencia apelada, dos procedimientos concluyeron con el fallecimiento de los investigados y se dictaron dos sentencias en firme, pero solo una corresponde al grupo de personas directamente procesadas y la otra es por una causa acumulada.

 Samara Pérez acudió al Congreso de Nuevo León para presentar una iniciativa de Ley para la Gestión Institucional y Garantía de Derechos en Macroprocesos Judiciales.

“Esta propuesta nace de una realidad que conocemos dolorosamente, cuando un proceso reúne numerosas víctimas, personas procesadas, causas acumuladas, recursos, amparos y miles de actuaciones, la falta de coordinación institucional produce contradicciones, pérdida de continuidad y años de incertidumbre”, señaló.

Pérez Muñiz acudió a presentar el escrito a Oficialía de Partes del Congreso antes de encabezar la ceremonia por el aniversario de la masacre.